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El asunto de los 183 días que hay
que residir en la ciudad para beneficiarse de las
deducciones fiscales es un tema que trae de cabeza a muchos
funcionarios desde hace años. Y no es para menos, ya que son
muchos los que han tenido que afrontar multas de miles de
euros a causa de este requisito que, desde varios ámbitos se
defiende, se utiliza de forma torticera. Desde los
sindicatos, especialmente aquellos que representan a agentes
de Policía Nacional, se ha batallado contra esta medida sin
que se haya obtenido respuesta a cambio por parte de
Hacienda o la administración central. Ahora ha recogido el
testigo una asociación creada por personas que se sienten
‘Afectados por Hacienda’ y que, además de defender que se
cambien los criterios, hablan de corrupción en la misma
administración de Hacienda. Desde este colectivo aseguran
que “el contribuyente que resulta condenado y sancionado por
la Agencia Tributaria no siempre es un defraudador, sino una
víctima de la codicia y la corruptela inquisitiva de ciertos
desalmados que hacen lo que sea por unos míseros euros de
más. Sencillamente, cobran por cazar defraudadores y, si no
los hay, los pintan”. Acusaciones muy graves que deberían
someterse a una investigación por parte de Hacienda para
dejar claro cuáles son los procesos que se siguen y que, en
todo caso, se está cumpliendo con la legalidad. Y es que, no
hay que olvidar que este es un tema muy sensible por cuanto
afecta, y de forma muy importante, a la economía de familias
cuyos miembros, en definitiva, están desarrollando su labor
en Ceuta y con ello se ganan ciertos beneficios fiscales.
Hay que perseguir corruptos, pero corruptos de verdad, como
los muchos que se llevan los millones a Suiza, y desde luego
sin hacer una caza de brujas.
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OPINIÓN / EDITORIAL
