La Federación de Servicios a la
Ciudadanía de la Administración de Justicia de CCOO ha
criticado que sólo se suba un 1% en los salarios para 2016
en el sector de los empleados públicos. Destacan que no se
alcanza a recuperar ni tan siquiera el 3,5% del total que
les ha sido “arrebatado” en los últimos años.
Ayer se publicó en el BOE la Ley
de Presupuestos Generales del Estado para 2016, “con pocas
novedades”, como se ha venido informando desde CCOO.
Los salarios de los empleados
públicos se incrementarán “en un ridículo 1% (es decir,
sobre cada 1.000 euros brutos, el incremento es de 10 euros
brutos)”.
Por otra parte, se incrementan en
un 0,25% las deducciones por derechos pasivos y MUGEJU.
CCOO indica que se mantendrá el
recorte salarial del 50% en los tres primeros días de baja y
del 25% en los siguientes hasta el vigésimo, “manteniendo el
castigo al personal de las AAPP cuando nos encontramos
enfermos, y vulnerando un principio básico de los derechos
humanos, como es el derecho a la salud de todas las
personas”.
Se incrementan las pensiones en un
“grotesco” 0,25 % sobre las de 2015.
La oferta de empleo público
mantiene casi todos sus contenidos respeto a 2015. Se
disminuye al 8% el porcentaje de plazas necesario de cada
cuerpo cubiertas por personal interino para que se convoque
OEP en 2016. Pero no se introduce la exigencia de CCOO de
que en un plazo de dos o tres años se convocarán todas las
plazas de todos los cuerpos.
“Como uno de los pocos
aspectos positivos de la ley, CCOO logra con sus enmiendas,
tal y como venimos informando, que la LPGE 2016 establezca
que el incremento de las pensiones de las mujeres con hijos
adscritas a clases pasivas se extienda en igualdad de
condiciones que lo establecido en el Régimen General de
Social”, indica la central. Sin embargo “para CCOO es
incomprensible que este incremento no haya estado ligado a
la situación económica de las mujeres ni se haya incluido a
las madres con un solo hijo, muchas de ellas en situación
precaria”. Se incluye en la LPGE 2016 la recuperación del
restante 49,73% de la paga sustraída a las y los empleados
públicos en 2012. “No queda constancia en la ley cuando se
pagará esta devolución”, añaden.
|