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La coalición Caballas ha denunciado ante la Fiscalía la
situación de falta de escolarización de una veintena de
niños en la ciudad. La denuncia se formalizó ayer por parte
del diputado Juan Luis Aróstegui Ruiz, de Caballas, quien
también es presidente de la Junta de Personal Docente.
En el escrito de denuncia ante el Ministerio Público,
Aróstegui pone de relieve que ha tenido conocimiento, por
diversos conductos, entre ellos los medios de comunicación,
de “la existencia de al menos 20 niños residentes en la
ciudad que están sin escolarizar”.
En este sentido, Aróstegui ha hecho llegar a la Fiscalía un
listado con nombres y apellidos y fechas de nacimiento de
los menores. La más pequeña es una niña de tres años y el
mayor es uno de 15.
“Se encuentran sin escolarizar a pesar de que por su edad
deberían estarlo”. A tal efecto, se adjuntan al Ministerio
Fiscal informes individualizados elaborados por
profesionales, en los que se hace constar las circunstancias
personales de cada uno, incluida su residencia.
Esta situación se ha producido, según ha podido averiguar
Caballas, “como consecuencia de una concatenación de
decisiones administrativas sustentadas en interpretaciones
muy subjetivas de la legalidad vigente, cuyo resultado es
una flagrante vulneración del derecho fundamental a la
educación que asiste a los menores afectados”.
Administración
La Dirección Provincial del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte, ha denegado la escolarización a los menores
alegando “falta de documentación”, todo ello porque “a su
criterio” es “obligatorio” presentar el “certificado de
empadronamiento”. Esta decisión no está amparada por ninguna
norma vigente, según explica Aróstegui a la Fiscalía.
La Ciudad, al parecer, deniega el empadronamiento de los
menores en base a unas “instrucciones verbales que no
encuentran acomodo en la legalidad, pero que se impone por
la fuerza de los hechos”, añade Juan Luis Aróstegui.
“Lo único cierto es que, como consecuencia de la
interpretación (que no aplicación) de dos normas de rango
menor, al menos veinte niños y niñas residentes en Ceuta, se
ven privados de su derecho a la escolarización, en el que se
materializa un derecho fundamental como es la educación
obligatoria hasta los dieciséis años, recogida en nuestro
ordenamiento jurídico, y en especial en lo regulado en
materia de protección a los derechos del menor”, subraya el
diputado de Caballas.
Es por ello, que solicita la intervención del Ministerio
Fiscal para que con su actuación “garantice el cumplimiento
de la legalidad vigente en materia de protección de los
menores”.
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coalición
