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OPINIÓN - VIERNES, 23 DE OCTUBRE DE 2015

 
OPINIÓN / COLABORACION

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno

Por Carlos Folch Valero


En los últimos meses estamos siendo testigos de entrada en vigor de leyes en beneficio de los ciudadanos, yo que últimamente he sido muy critico con las actuaciones politices del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, creo que es justo reconocerle los aciertos y las buenas políticas siempre que las realice, creo que el avance que se ha logrado en los últimos días referente a la Ley de Transparencia y Buen Gobierno por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, es acertado e importante para Ceuta y sus ciudadanos, el grupo de trabajo para el cumplimiento de la Ley, hace que nuestra ciudad se incluya dentro de los acuerdos homogéneos de mediación, sin incrementar cargos de confianza en nuestra administración local, sin añadir ningún tipo gasto extraordinario para tal menester, pero dando a los ciudadanos de Ceuta las mismas reglas de juego que en cualquier comunidad autónoma de estado español, para realizar nuestras peticiones y reclamaciones, en el organismo que defiende los derechos de los ciudadanos en el ámbito de la transparencia y buen gobierno en nuestra ciudad.

En esta ocasión hay que felicitar y darle la enhorabuena al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta por tal gestión política, viendo que las actuaciones adoptadas y realizadas dan como resultado una gestión correcta, beneficiosa para los ciudadanos, y sin ninguno gasto para las arcas publicas de nuestra ciudad.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, acordó con las CCAA y la FEMP formar un grupo de trabajo para avanzar en un modelo homogéneo para la medición del cumplimiento de la Ley. La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi, presidido una reunión con los responsables de Transparencia de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, además de representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias, una vez transcurrido varios meses desde la constitución de los nuevos gobiernos regionales y locales tras las elecciones del 24 de mayo.

Se presento en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, a los representantes de las CCAA y la FEMP un proyecto de modelo básico y homogéneo de medición del cumplimiento de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que permitirá conocer su avance en los distintos territorios del país. Según la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el acuerdo “va a permitir no sólo homogeneizar un sistema de medición único en todo el territorio, sino también conocer el desarrollo de la Ley y su cumplimiento además de establecer comparaciones sobre su evolución en las distintas autonomías y ayuntamientos”.

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, también presento a las CCAA y a la FEMP un modelo de convenio para que, aquellos gobiernos regionales o locales que no hayan creado su órgano independiente en materia de transparencia y buen gobierno, como es el caso de la Ciudad Autónoma de Ceuta, puedan, si lo estiman oportuno, atribuir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, la competencia para la resolución de las reclamaciones que presenten sus ciudadanos. La presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, destaco también este acuerdo: “Permitirá que, igual que hacemos con las reclamaciones estatales, el Consejo resuelva las reclamaciones que los ciudadanos presenten en una comunidad autónoma o en un ayuntamiento, evitando que se tengan que crear más órganos independientes y con la garantía de la experiencia e independencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno”.

La Presidenta de Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Esther Arizmendi informo también que, hasta el 30 de septiembre, el Portal ha recibido 2.946 peticiones de ciudadanos, mientras las reclamaciones presentadas al Consejo suman 310, aproximadamente el 10% de las peticiones. Con estos datos, ha insistido en que todavía las peticiones de los ciudadanos son pocas, “deben preguntar y exigir más, para hacer de la transparencia y el buen gobierno, no sólo un derecho sino también un compromiso permanente de participación en la gestión pública”.
 

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