En su artículo “Refugiados”, del
16 de octubre, en El Periódico de Cataluña, Carles
Campuzano, Diputado de CIU en el Congreso, cita dos veces a
Ceuta y Melilla por sus nombres y una vez como “plazas
españolas en el Norte de África”. En los tres casos, estas
ciudades salen malparadas respecto de los inmigrantes que
intentan acceder o ya están en ellas: “vulneraciones
constantes de los Derechos Humanos” o “la situación de las
plazas españolas del Norte de África no resiste una
auditoría”. En la misma fecha, 16 de octubre, se ha conocido
que la Magistrada del juzgado de instrucción número 6 de
Ceuta ha dictado un auto de sobreseimiento provisional de la
causa abierta tras el fallecimiento de quince inmigrantes el
6 de febrero del 2014. En el auto se recoge que los guardias
civiles “actuaron en el ejercicio de su función de custodia
y vigilancia” de la frontera, y que estaban autorizados
“para utilizar medios antidisturbios reglamentarios,
ajustados a los principios de oportunidad, congruencia y
proporcionalidad”. Respecto de los inmigrantes, el auto dice
que “asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio
español por el mar, a nado, en avalancha, aprovechando la
noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso
de las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas
marroquíes como de la Guardia Civil”.
Aún no se había secado la tinta
del auto de la juez, cuando, sin solución de continuidad,
las ONG saltaron como resortes y mostraron su desacuerdo con
el auto. Así, el Observatorio DESC considera que el auto
“transmite un mensaje peligroso de impunidad”, que hubo
“dejación del deber de socorro”, y que la juez deposita la
responsabilidad de lo ocurrido en los inmigrantes. Asimismo,
CEAR, APDH y Caminando Fronteras se muestran en desacuerdo
con el citado auto. En resumen, creen que se han vulnerado
los derechos humanos de los inmigrantes, en eso coinciden
con el artículo “Refugiados” del citado Carles Campuzano.
No se nos oculta que podría ser
muy instructivo y clarificador si supiéramos lo que les
dicen estas ONG a quienes esperan la oportunidad en
Marruecos de saltar las vallas o arriesgarse de cualquiera
otra manera para entrar en nuestras ciudades. ¿Acaso les
dicen que no se arriesguen, pues podrían poner sus vidas en
peligro, que otros muchos se han dejado la piel en el
intento, que no les asiste ningún derecho a entrar
ilegalmente en nuestro país, pues inmigrar no es un derecho,
que se van a encontrar con miembros de la Guardia Civil, que
tienen el deber de defender las fronteras de intrusos y de
impedir que nadie entre por un sitio no autorizado, que en
España hay alrededor de cinco millones de parados y, por
consiguiente, no hay trabajos para ellos, que no van a ser
regularizados porque han entrado ilegalmente y serán
expulsados a sus países de origen, y que en España ya hay
alrededor de seis millones de extranjeros y que los
españoles ya no son proclives a acoger a más extranjeros sin
oficio ni beneficio, y que van a sentir en sus carnes el
rechazo de la mayoría de los españoles, y que van a llevar
una existencia muy diferente a la que ellos imaginaban, y
que es mejor que se vuelvan a casa?
O por el contrario, ¿estas ONG les
animan a saltar las vallas, o a entrar de cualquiera otra
manera, y les juran y perjuran que ellos tienen derecho a
entrar ilegalmente en un país, incluso violentamente, y, si
se encarta, agrediendo a los defensores de las fronteras, y
que ellos, las ONG, van a estar en el lugar y la hora en que
sucedan los asaltos, para vigilar que no se conculquen los
derechos humanos de los asaltantes, y que los guardias
repelan a los invasores de forma ajustada a derecho, y que,
aunque en España hay cinco millones de parados, ellos,
después de pasar por los CETI, van a ser acogidos por
diferentes ONG en casas y pisos particulares, que van a
tener dinero de bolsillo, y comida y ropa gratis total, que
tendrán acceso a subvenciones, sanidad, medicamentos y
tratamientos también gratis, y que, andando el tiempo que
marcan las leyes, les será concedida la residencia y, por
fin, la nacionalidad? Sería interesante que esas ONG nos
ilustraran a este respecto.
No cabe duda de que con el tiempo
la ideología de la tolerancia se ha endurecido, y, como
escribe Christopher Caldwell, ha desarrollado auténticos
poderes de imposición, en parte, porque se le dio estatuto
de ley, y, en parte, porque grupos no gubernamentales
oficiaron de agentes del orden por cuenta propia. Así, de
este modo, las llamadas ONG se comportan como ‘guardias de
la porra’ en defensa de la ortodoxia de la tolerancia, de
manera que se ha llegado a criminalizar la libertad de
opinión. A este respecto, y como ejemplo, el Arzobispo de
Valencia, Monseñor Cañizares, ha hecho unas declaraciones no
ajustadas a la hipocresía de lo políticamente correcto. El
prelado se preguntaba si la “invasión de inmigrantes y de
refugiados es todo trigo limpio” y “¿dónde quedará Europa
dentro de unos años?” Asimismo, a su juicio, con “la
(invasión) que viene ahora no se puede jugar” porque “no se
puede jugar con la historia ni con la identidad de los
pueblos”. El Arzobispo ha pedido “lucidez” y ver “quién está
detrás de todo esto”. “Seamos lúcidos y no dejemos pasar
todo porque hoy puede ser algo que queda muy bien, pero
realmente es el caballo de Troya dentro de las sociedades
europeas y en concreto la española”. Lo menos que se puede
decir de Monseñor Cañizares es que ha sido valiente y no ha
estado constreñido por la ideología de lo políticamente
correcto. Pero, como era de esperar, ya le faltó tiempo a la
ONG la Red Española de Inmigración para saltar al cuello del
Arzobispo, anunciando una posible querella contra el
prelado, porque sus opiniones “traspasan la línea de la
libertad de expresión”.
Lo que es de todo punto
inadmisible es que en este país no se pueda emitir una
opinión contraria a estas invasiones de refugiados y de
inmigrantes ilegales. Es decir, que debemos ajustar nuestra
libertad de expresión a la ideología de lo políticamente
correcto, pues, caso contrario, seremos denunciados por
quienes dicen defender los derechos de los inmigrantes
ilegales y de los refugiados. Lo que no se debe admitir, ni
permitir, es que tengamos que vivir en España asustados,
amenazados, intimidados por las ONG, que actúan como
verdaderos ‘guardias de la porra’. A nosotros nos asiste el
derecho de emitir opiniones contrarias por muy políticamente
incorrectas que parezcan, como las del Arzobispo de
Valencia, sobre esta inmigración ilegal y sobre los
refugiados o sobre el vuelco demográfico que se producirá en
Europa con la entrada de millones de musulmanes. Las
declaraciones del Arzobispo Cañizares no son ni mucho menos
extemporáneas, sino que se ajustan a la realidad. Así, el
diario británico Sunday Express alerta de que cuatro mil
yihadistas han entrado en la UE haciéndose pasar por
refugiados. Pero parece que para las ONG no existe peligro
alguno en dejar que entren centenares de miles de asiáticos
y africanos sin que tengamos noticias de quiénes son ni de
su vida anterior.
Que la decisión de la Canciller
Merkel de abrir las fronteras nos va a hacer llorar lágrimas
de sangre es tan verdad como que el sol sale cada día.
Tiempo al tiempo. El economista alemán Bern Raffelhuschen
predice –se lee en el Sunday Express– que el millón largo de
refugiados que se prevé que llegue a Alemania hará subir los
impuestos, dependerá de los subsidios y aportará poco a la
economía alemana. Por otro lado, el vicecanciller, Sigmar
Gabriel, admitió que el país está al borde de su capacidad
de acogida y que las fronteras han de cerrarse. Para colmo,
al principio de la semana pasada, cientos de peticionarios
de asilo no fueron registrados debido a que el principal
centro de refugiados de Berlín tenía un enorme trabajo
atrasado a este respecto, y, así, unos 20 sirios protestaron
porque tenían que esperar mucho tiempo para ser registrados.
Si no estás registrado, no se puede tener acceso a los
albergues y a los subsidios hasta que los papeles estén en
orden.
Lo cierto es que si los
refugiados avasallan nuestras fronteras y te llegan hasta la
cocina de tu casa, la solidaridad, entonces, se convierte en
obligatoria y eso, obviamente, no es muy aconsejable. Y eso
es, justamente, lo que pretenden las ONG: imponerte la
solidaridad por obligación.
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