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La polémica sigue rodeando la adjudicación de las licencias
de televisión digital terrestre (TDT), y todo apunta a que
la cuestión terminará en el Juzgado de lo Penal de Ceuta
casi nueve años después, ya que el citado expediente de
contratación se inició en 2007.
En este sentido, varias de las empresas que concurrieron a
dicho concurso público ya han anunciado que, en breves
fechas, presentarán una querella contra Rafael Montero
Palacios, editor de ‘El Faro de Ceuta’ y Administrador Único
de la empresa Joaquín Ferrer y CIA S.L., ya que afirman que
“obró de mala fe presentando documentación falsa para
intentar cumplir los requisitos técnicos de la convocatoria
y obtener de manera fraudulenta la concesión de una de las
licencias de TDT”.
Hay que recordar que, una vez celebradas las distintas
reuniones de la mesa de contratación, la Ciudad Autónoma de
Ceuta adjudicó una licencia de TDT a ‘El Bornal’ y otra a
‘Angulo de Ceuta’, sociedad propietaria de la marca Ceuta
TV, quedando excluida, entre otras, la empresa Joaquín
Ferrer y CIA S.L., sociedad editora de “El Faro”, que
recurrió a la justicia bajo el argumento de que las otras
dos empresas participantes en el concurso habían presentado
sus ofertas fuera de plazo, ya que el Gobierno estimó que al
terminar el plazo en un domingo, día inhábil, se podía
presentar la oferta el siguiente día hábil, el lunes, algo
que no estimó del mismo modo el Tribuna Superior de Justicia
de Andalucía, que finalmente resolvió en el año 2012 atender
las reclamaciones de la empresa Joaquín Ferrer y CIA S.L.,
TRAS perder ésta en primera y segunda instancia.
Sin embargo, al contrario de lo que se intenta defender
desde la sociedad editora de “El Faro” , la sentencia del
TSJA no dicta la obligación de adjudicar a Joaquín Ferrer y
CIA S.L. una de las dos licencias de TDT, sino que ordena a
la Ciudad “retrotraer todo el proceso al punto de valoración
de ofertas”.
Es cierto que, atendiendo lo dictado por el Tribunal, su
oferta sería la única con posibilidad de ser valorada, ya
que fue la única que sí presentó a tiempo la documentación
según la sentencia. No obstante, este hecho no le exoneraría
de que los técnicos de la Ciudad valoren su oferta junto con
toda la documentación aportada. Obligación que en ningún
caso puede obviarse.
Pleno 2012
Así lo corroboró en un Pleno de la Asamblea celebrado en
septiembre de 2012, el entonces portavoz del Gobierno,
Guillermo Martínez, quien aseguró que el Ejecutivo iba a
proceder a anular las licencias concedidas, tal y como le
exigía la sentencia, y que el siguiente paso era “valorar de
nuevo las ofertas presentadas. Si cumplen los requisitos se
adjudicarán las licencias, si no, se declarará desierto el
concurso y se volvería a convocar el concurso”, dijo.
Valoración oferta de ‘El Faro’
Tras la sentencia del TSJA de 2012, el Gobierno de Vivas no
procedió a su ejecución hasta el presente año 2015, momento
en el cual compete a los técnicos del área de Contratación
de la Ciudad Autónoma valorar la documentación presentada en
su día por la empresa Joaquín Ferrer y CIA S.L.. Pues bien,
según ha podido saber este medio, los citados técnicos han
emitido recientemente un informe donde hacen constar las
distintas irregularidades encontradas en la documentación
correspondiente a la oferta de la sociedad editora de “El
Faro”, que entre otras cuestiones, demostraría que no cumple
los criterios de solvencia técnica exigidos en el pliego de
condiciones, no pudiendo ser adjudicada definitivamente la
licencia de TDT en cuestión a la mencionada empresa.
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“Joaquín Ferrer y CIA S.L. engaña a la Administración Local,
presentando documentación falsa”
Varias de las empresas que
concurrieron al proceso de adjudicación de las dos licencias
de TDT, aseguran estar en disposición de demostrar que “la
empresa Joaquín Ferrer y CIA S.L., tanto en este concurso
como en los que habitualmente viene participando, engaña a
la Administración Local”, presentando “documentación falsa”.
Además apuntan a “la falta de rigurosidad de los
representantes políticos presentes en las mesas de
contratación” celebradas en 2007 correspondientes a la
licitación de las licencias de televisión digital terrestre
(TDT) , “al aceptar documentación falsa sin comprobar su
veracidad, obviando los informes técnicos del Secretario
General en funciones, Miguel Angel Ragel, que informaba
claramente de que la empresa Joaquín Ferrer y CIA S.L. no
reunía los requisitos técnicos para optar al concurso,
apartando al citado técnico de la tramitación del expediente
de contratación y atendiendo a un informe jurídico externo
elaborado por un despacho con el que el interesado tiene
relación comercial y que basa su informe en los documentos
falsos”, afirman.
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Contratación Pública / Adjudicación
licencias de TDT
