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Esta vez parece que va en serio.
Hasta ahora todo un reguero de casas ilegales, incluso
alguna barriada entera, ha ido crecido en Ceuta sin control
alguno durante años y años. Y lo peor es que la
Administración ha ido dejando hacer, provocando un efecto
llamada para algunos y la indignación de otros, ya que los
ciudadanos perciben nítidamente que se premia al infractor,
que nunca se derriba nada y que todo se termina por
legalizar.
Sin embargo, el Gobierno de Vivas parece haber dado un paso
al frente, pero esta vez de verdad, no quedándose en
discursos vacíos de cara a la galería, como demuestra las
200 obras que se han paralizado desde que se puso en marcha
esta política hace ahora tres meses. Frente a la ilegalidad,
el Ejecutivo no podía seguir mirando para otro lado, debía
de actuar, haciendo un análisis exhaustivo de las viviendas
ilegales que existen en la ciudad, y procediendo frente a
eso. No podía seguir con la manos cruzadas mientras
proliferaban este tipo de viviendas. El Gobierno lo sabía,
siendo un tema decidido a atajar.
Y en este caso, lo verdaderamente importante es que ya se
han emitidos varias ordenes de demolición. La inmensa
mayoría de los propietarios y constructores de viviendas
ilegales conocían perfectamente su ilegalidad y pese a ello
se han aprovechado de la connivencia activa o pasiva de la
Ciudad. Por ello, como hemos defendido en más de una
ocasión, la única solución eficaz es la demolición: nadie se
hace una casa si sabe que la del vecino se la echaron abajo
y perdió toda su inversión.
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OPINIÓN / EDITORIAL
