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La paralización de obras ilegales,
es una de las actuaciones que está llevando con firmeza la
Policia Local, mediante ordenanza del Gobierno. No es para
menos, pues en los últimos años, son muchos los ciudadanos
que no han respetado las normas que se deben seguir para
comenzar una construcción o reforma de la vivienda.
Ante estas medidas, el Portavoz
del Gobierno de Ceuta y consejero de Presidencia,
Gobernación y Empleo, Jacob Hachuel, se ha mostrado
contundente, “uno de los objetivos principales que nos
marcamos fue acabar con las obras ilegales que proliferan en
toda la ciudad y que además provocan una serie de problemas
concatenados, porque una obra ilegal genera escombros
ilegales. Un vertedero ilegal, que a su vez genera problemas
de ratas y cucarachas”.
Además, el consejero aclaró el por
qué se ha tenido que llegar a esta decisión rotunda y
radical; “es cierto que por una razón o por otra a pesar de
que se perseguía no se hacía con la intensidad que el
volumen del problema había tomado ya. Por eso es por lo que
desde el primer momento empezamos una política con las
unidades de la Policía Local de persecución, paralización y
en su caso demolición de las obras ilegales que se detecten
en la ciudad”.
Desde que se puso en marcha esta
política del Gobierno, se han paralizado 200 obras, aunque
en algunos de los casos, por motivos reiterativos. “En estos
tres meses aproximadamente que llevamos la Policía ha
emitido cerca de 200 incidencias de obra ilegal. Sí que es
cierto que hay muchas obras ilegales en las que se ha
repetido la incidencia, porque lo primero que se hace es
identificar al promotor o al propietario de la parcela,
identificar a los trabajadores también y ordenarle la
paralización”.
Ante la desobediencia de algunos
de los ciudadanos a los que se les paraliza la obra, Hachuel
indica que “la Policía Local vuelve a ir, vuelve a emitir un
informe de atestado volviendo a renovar la orden de
paralización, , pero ya en esta segunda vez también hace una
incidencia de desobediencia a la autoridad, por eso se
repiten. Son menos de 200 obras ilegales, porque cada una de
ellas tiene varias incidencias y varios atestados”.
Desde que se paraliza la obra,
hasta la orden de demolición, “existe un procedimiento
judicial que lleva su tiempo. Mediante medidas preventivas,
se da parte a la Justicia, a la Delegación del Gobierno y a
la Dirección Provincial de Trabajo por los trabajadores
ilegales que hubiera, que habitualmente es así. Tiene todo
un procedimiento judicial hasta la orden de demolición”.
Acerca de las obras que han sido
intervenidas en los tres últimos meses, Jacob Hachuel,
comentó que “hemos conseguido una orden de demolición, que
se ha llevado a cabo en el centro de la ciudad. Además,
tenemos otra orden de demolición comunicada al propietario,
porque siempre, al propietario se le da la posibilidad de
que lo haga él con sus medios”. En el caso de no ser así,
“lo hace la Ciudad con sus medios y se le comunica también
el importe de la demolición”.
La actuación está valorada en unos
32.000 euros. Por eso, el portavoz del gobierno indica que
“por su cuenta es muchísimo menos. Tienen un plazo de veinte
días para proceder a la demolición voluntaria, si no
procediera, entonces entraría la Ciudad y generaría el coste
de la demolición”.
Actualmente, indica, “tenemos una
obra demolida, otra en proceso de demolición voluntaria
(Príncipe Alfonso) y el resto en periodo de paralización y
puesta en conocimiento de la autoridad judicial, para que
emita su juicio y sentencia respecto a su demolición o no”.
Hachuel, se mostró tajante a la
hora de las intervenciones policiales en éste aspecto,
e insistió que, "todas las obras ilegales van a ser
demolidas". Aunque bien es cierto, que un proceso judicial
de este tipo puede tardar entre tres y cuatro meses.
Además, existe un
plazo de alegaciones e informes técnicos. Todo esto lleva un
procedimiento en el que se conservan los derechos del que
está construyendo la obra, no siempre viviendas. Pero se le
da siempre plazo de recurso y alegaciones. Pasados estos
plazos, todo termina en una demolición si no se puede
construir.
Las construcciones
ilegales, no solo generan unas alteraciones e
irresponsabilidades contra la Ley. También provocan
vertederos de escombros ilegales. Ante esta situación,
Hachuel informa que "Las obras ilegales han ido generando
estos vertederos ilegales que la ciudad está saneando y
limpiando. No sirve de nada limpiar y sanear si no tomas
medidas preventivas, porque si no vuelven a empezar. Limpiar
un vertedero ilegal de escobros es terriblemente costoso y
dependiendo de la zona requiere bastante especialización, no
es sencillo". A lo que añadió rotundamente que "los que
echan los vertidos allí son unos incívicos. Están costando
muchísimo dinero al resto de la ciudadanía y hace que la
labor de limpieza en esa zona sea peligrosa".
Toda esta
situación, está provocando una situación desagradable al
acecho de los animales. Así lo explica el consejero;
"Sanidad ya ha tomado cartas en el asunto y está haciendo
una campaña de desratización en profundidad. Esto viene a
que como se han limpiado vertederos de escombros ilegales,
en la parte de Santa Catalina, detrás del crematorio hindú,
se ha generado otro vertedero de escombros. Se ha limpiado
el de detrás de Las Caracolas. Las ratas que vivían allí muy
cómodamente, al quitarles su hábitat salen. Es un poco lo
que ha pasado con las pavanas que estaban viviendo en Santa
Catalina".
Para el portavoz
del gobierno, "ll problema de ratas en la ciudad está
provocado por la limpieza de los escombros de los vertederos
ilegales. Tenemos que hacer todo el esfuerzo para eliminar
las obras ilegales que generan esos vertederos ilegales.
Para eso, a la vista de que la Policía Local está teniendo
tan buen resultado en esta actividad, se ha creado un grupo
de la Policía Local específicamente para todo lo que es
urbanismo y medio ambiente. Conlleva desde obras ilegales, y
vertederos ilegales, hasta depósito de las basuras en
horario que no corresponda y las deposiciones de las
mascotas cuyos dueños no las limpian. Todo lo que es delito
medioambiental y normativa urbanística. Por eso se ha creado
este grupo de 22 policías que se van a dedicar casi
exclusivamente a esto".
Ante el por qué el
Gobierno opta por esta decisión, Jacob Hachuel es
contundente, "muchas veces el ciudadano no se conciencia y
la única forma de concienciar es tocarles el bolsillo. Es
una condición humana, no es Ceuta". Y puso una comparativa;
"Tú prohibes el exceso de velocidad, pero hasta que no pones
radares y multas, la gente sigue yendo a más velocidad. Hay
que multar para evitar el otro gasto. La ciudad hace un
esfuerzo considerable, también en cuestiones de limpieza y
demás".
Y añadió que,
"podemos esforzarnos todo lo que queramos, pero si el
ciudadano no se conciencia todo el esfuerzo no ha servido
para nada y la única forma de que el ciudadano se conciencie
es precisamente sabiendo que si transgrede la norma va a ser
severamente multado".
Una deposición de
un perro o tirar una basura a deshora cuesta 150 euros la
primera vez y 450 euros la segunda vez que te multan. Ante
esta situación, Hachuel señala que "No es más limpio el que
más limpia, si no el que menos ensucia. Eso es una realidad
y pedimos al ciudadano que haga uso de los servicios
públicos. Que no no ensucien más de lo lógico y normal,
porque todo el esfuerzo queda en nada y cuesta mucho
dinero".
Por último,
sentenció diciendo que "es una alegría pasear por las calles
y que estén limpias. Todo el mundo se queja de la suciedad
cuando la ciudad está sucia. Hay determinadas personas,
probablemente los menos, a los que probablemente no les
importa que la ciudad esté sucia, pero esos son los que van
a pagar."
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PARALIZACIÓN DE OBRAS
ILEGALES
