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Demoledor o no, lo manifestado por
la juez Raquel Lucini en su auto, supone un espaldarazo
hacia los pasos adoptados por el Gobierno de Vivas desde que
se destapó el escándalo en torno a la adjudicación de las
317 VPO de Loma Colmenar, ya que afirma que el procedimiento
iniciado por la Ciudad, “y sin que sea prejuzgar, parece que
cuenta con todos los requisitos legales”. Además el auto
dictado por la magistrada lo que deja claro es que para ella
la ‘lista fantasma’ carece de indicios de legalidad y se
presenta como una lista oscura, desconocida y huérfana de un
procedimiento administrativo concreto y reglado. Al menos en
este momento del proceso.
El auto también resulta un respaldo a los argumentos
expuestos de Caballas para desacreditar la versión de
Antonio López, sobre la existencia de un procedimiento de
adjudicación previo y acerca del conocimiento, por parte de
Román, Alí y el resto de de Comisión Local de la Vivienda,
del listado de compromisos emitidos, que según refleja el
auto “no consta”.
Por ello no es de extrañar que Néstor García, llevado por un
cierto clima de euforia, se lanzara a afirmar públicamente
que la juez aprecia “indicios de criminalidad” en la
conducta de López, cuando en su auto en ningún momento se
menciona la palabra ‘delito’ o ‘criminalidad’ en relación
con la actuación de López, sino de muchos indicios de
irregularidades. Muchas irregularidades que la juez deberá
analizar si son constitutivas de delito o no. Y es que el
auto emitido deja aún muchas dudas que resolver, ya que como
apunta la juez “no sabemos cómo se ha producido el proceso
de selección, quién lo ha tutelado ni quién ha elegido los
adjudicatarios”, afirmando que “dichos interrogantes son de
tal magnitud, que presupone muy irregular y arbitrario el
proceso”, aunque advierte que hay que esperar a “practicar
mayores y más diversas diligencias instructoras”.
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OPINIÓN / EDITORIAL
