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FETE-UGT expuso ayer en un comunicado de prensa que “a falta
de tres meses para acabar la legislatura, el Gobierno del
Partido Popular no ha convocado todavía a la Mesa Sectorial
de la Enseñanza Concertada”.
El nuevo ministro de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, “sigue
con los mismos vicios que su predecesor Wert y no ha
convocado a los representantes del sector, lo que hace que
no tenga un conocimiento directo de lo que piensan los
trabajadores de la Concertada, por lo que lógicamente está
tomando decisiones de parte e interesadas”.
FETE-UGT observa con preocupación cómo el MECD (Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte), tras la entrada en vigor
de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
“no está escuchando a los actores principales de esta red
educativa. Y no parece que, a falta de pocos meses para
concluir la legislatura, vaya a cambiar la dinámica, lo que
supone una gran falta de respeto, máxime si tenemos en
cuenta que la última vez que se convocó era ministro de
Educación Ángel Gabilondo”.
Por ello, FETE-UGT ha reiterado por carta la exigencia de
una convocatoria urgente al Ministerio de Educación, para
plantear nuevamente las cuestiones esenciales que afectan a
los trabajadores de la Enseñanza Concertada.
Entre los múltiples asuntos que los trabajadores demandan
figura “un estudio sereno sobre aspectos concretos como los
módulos de conciertos educativos para el año 2016 en todos
los centros de enseñanza sostenidos total o parcialmente con
fondos públicos”.
Otros temas son “la propuesta de regulación de los salarios
en pago delegado para el Personal de Administración y
Servicios Generales, así como del resto del personal de los
centros educativos regulados por los Convenios Colectivos,
la negociación sobre plantillas en los centros educativos
para impartir el currículum indispensable en base a la nueva
Ley Orgánica; abordar definitivamente la homologación de los
trabajadores y la devolución de todo lo adeudado por la
Administración”.
como consecuencia del RD 20/2012, así como por el conjunto
de leyes y normas que han modificado la realidad de la
Enseñanza Concertada y de sus trabajadores en los últimos
años.
Precisamente, el Gobierno, con sus últimos anuncios sobre el
reintegro de cantidades a los trabajadores del sector
público, ha dejado manifiesta la exclusión y el desprecio
que siente por los 130.000 trabajadores afectados de la
Enseñanza Concertada, como red integrante del sistema
público educativo, en la devolución de las mismas cantidades
igualmente recortadas a los trabajadores de esta red de
enseñanza.
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