Miedo me da cuando algún trabajador autónomo, pequeño
empresario, recibe la visita de la Inspección de Trabajo. La
mayoría de ellos son emprendedores que luchan por hacerse un
hueco en el mundo laboral, empresarial, que le permita salir
adelante con su familia para poder así comer, cubrir todas
sus necesidades y formar parte de la sociedad en la que vive
y hacerlo con dignidad. Todo ese enorme esfuerzo que para la
mayoría supone endeudarse por mucho tiempo, hipotecarse,
etcétera, puede correr grave peligro tras dicha visita.
Bien, ¿qué creen ustedes que les ocurre cuando reciben la
visita de la Inspección de Trabajo y les levantan un acta de
infracción, a veces por razones injustas?, ¿conocen ustedes
las cuantías de las multas? ¡Por valor de miles de euros!
Son desproporcionadas, son abusivas, con un sistema de
denuncias implantado recientemente por nuestra
administración que consiste en un “buzón de denuncias” que
deberían rectificar porque tiene visos de inconstitucional y
que algunas malas personas utilizan para vengarse y eliminar
a su competidor más cercano.
Me lleva a escribir este artículo la desproporción de las
multas, porque los efectos que causan son demoledores y, en
muchos casos, no le permite al denunciado volver a reanudar
la actividad, a levantar cabeza. Da igual que la infracción
venga porque un pequeño empresario, en un momento dado,
tiene que echar mano de un familiar. Si se ve sorprendido
por la visita de la inspección, éste se verá sancionado.
Pero, es que parece que las cuantías de las multas
estuvieran diseñadas para empresas que cotizan en bolsa y
que en cuyos consejos de administración son todos
millonarios. Esto no tiene lógica; esto se tiene que parar y
que se dejen de hacer burradas con los pequeños empresarios
que no pueden pagar y les supone, en muchos casos, la ruina.
¡Después de que abrir un negocio hoy en día es toda una
proeza!
Todos estamos de acuerdo con que tenemos que cumplir las
leyes y las normas. La economía sumergida es una lacra para
la sociedad, es competencia desleal y abusa del trabajador,
juega con ventaja al defraudar y lo hace a costa de quien sí
cumple. Pese a esto, hay que buscar formas más eficaces y
proporcionadas de combatir el fraude y los efectos
colaterales que el actual sistema produce.
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