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El 68 por ciento de los jueces y magistrados españoles
considera que la asunción de competencias en materia de
Justicia por parte de las Comunidades Autónomas no ha sido
beneficioso para la Administración de Justicia, frente al 13
por ciento que opina que sí, según revela la VI Encuesta a
la Carrera Judicial que se hizo pública ayer.
La encuesta, elaborada a petición del CGPJ por SigmaDos y
con un margen de error del 2,4 por ciento, se ha realizado
mediante un cuestionario remitido a los 5.390 jueces y
magistrados en activo al que contestaron 1.285 de ellos, lo
que supone el 23,8 por ciento de la Carrera Judicial.
La opinión desfavorable sobre el traspaso de competencias a
las Comunidades Autónomas es mayoritaria en todos los
órganos judiciales, llegando al 84 por ciento en los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. Además, la
práctica totalidad de la Carrera Judicial –el 91 por ciento-
se muestra convencida de que los medios con los que cuentan
los jueces son diferentes según los territorios donde
ejercen su función, mientras que el 52 por ciento considera
que las Administraciones no colaboran con el CGPJ.
En cuanto al uso de lenguas cooficiales en la Administración
de Justicia, solo el 15 por ciento de los que trabajan en
alguna de las Comunidades Autónomas con lengua propia dicen
tener dificultad en su utilización.
Ese porcentaje baja al 13 por ciento en Cataluña, al 12 por
ciento en la Comunidad Valenciana, al 10 por ciento en las
Islas Baleares y al 5 por ciento en Galicia. Por el
contrario, el 54 por ciento de los jueces y magistrados
destinados en el País Vasco afirma tener dificultades en el
uso del euskera, mientras que el 43 por ciento contesta que
no.
La encuesta tiene un apartado dirigido a los jueces y
magistrados del orden jurisdiccional penal en el que se les
pregunta sobre trece posibles reformas procesales, muchas
dirigidas a mejorar la lucha contra la corrupción.
La gran mayoría de los encuestados está a favor de la
creación de unidades periciales -dependientes de los
Juzgados- con competencias en materia de delincuencia
económica o relacionada con la corrupción (86 %); de la
revisión de los privilegios –como el de declarar por escrito
o en su despacho- que la Ley de Enjuiciamiento Criminal
concede a determinados cargos y representantes públicos (79
%); y de sustraer del ámbito del jurado popular la totalidad
de los delitos de corrupción política (66 %). Los jueces
también se muestran favorables a la creación de órganos con
competencia provincial para la investigación de la
corrupción política y económica (60 %); a prohibir a los
partidos políticos el ejercicio de la acción popular en los
procedimientos por corrupción (60 %); y a que este tipo de
causas, incluidas las que afecten a aforados, sean
atribuidas al juez instructor natural, sin perjuicio de que
el enjuiciamiento corresponda luego al tribunal ante el que
el acusado esté aforado (59 %). La única de las posibles
reformas procesales que no es respaldada mayoritariamente
por la Carrera Judicial es la instauración de la Fiscalía
como directora de la investigación en combinación con el
juez.
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