OPINIÓN - SÁBADO, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Legalidad, legitimidad y sentido común

Seguro que hay argumentos más que suficientes para defender la legalidad del proceso. Con toda seguridad existirán informes técnicos que avalen la adjudicación. Y probablemente era la mejor decisión que podía adoptar el Gobierno llegado a este punto de una situación singular. Pero lo que cualquier ciudadano de a pie percibe es que la Ciudad ha contratado a la empresa propietaria de los caballos de la Escuela Hípica para cuidar a sus propios animales. Y como no se puede adjudicar directamente por una cantidad mayor de 18.000 euros, pues se divide en tres contratos menores con una duración de dos meses. ¿Legal? quizá si. ¿Legítimo? probablemente no. O al menos eso dicta el sentido común.
 

Crisis de credibilidad

Ante el reclamo de los empresarios para que el Ejecutivo rebaje de forma efectiva el IPSI, el portavoz del Gobierno de Vivas ha asegurado que la propuesta sigue viva y que está a la espera de un pronunciamiento definitivo y favorable por parte del Ministerio que está cuadrando aún los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. No se puede dudar de que el presidente de la Ciudad es el más interesado dinamizar el comercio y favorecer la vida de los ceutíes, pero la crisis de credibilidad que sufren los políticos está tan generalizada, que Vivas está obligado a demostrar con hechos, y no con palabras, que su Gobierno sabe qué es lo que quiere y a donde va.