El temor a una posible suspensión del sorteo de las VPO se
apoderó ayer del Gobierno de la Ciudad, ante la decisión
adoptada por la magistrada Raquel Lucini, de fiscalizar todo
el procedimiento que se está llevando a cabo por parte de la
Ciudad. En este sentido, la magistrada ha comunicado
expresamente que por parte de la Ejecutivo no puede darse un
solo paso en el procedimiento de adjudicación sin que ella
tenga conocimiento previo.
En este sentido, por parte de la Ciudad no podrá realizarse
ningún tipo de actuación, tal como un sorteo de viviendas,
sin contar con la aprobación previa de la magistrada. La
medida está en consonancia con las peticiones realizadas por
parte de la representación legal de afectados, que ostenta
el letrado Jorge Gil Pacheco, quien ha impulsado que se
adopten medidas cautelares en torno al caso. En cualquier
disyuntiva que se produzca sobre la promoción de viviendas,
será la juez la primera que deberá ser informada en tiempo y
forma.
Ante esta circunstancia el consejero de Fomento, Nestor
García, comunicó ayer mismo a varios miembros de la Comisión
Local de la Vivienda que por el momento no se iba a fijar
fecha alguna para el sorteo, por lo que quedaba paralizado.
Y es que para el Gobierno supondría un fuerte varapalo que,
después de las actuaciones llevadas a cabo por parte de la
Ciudad en los últimos meses, la juez decidiera suspender el
sorteo de las viviendas si se fija su fecha. Un riesgo que
el Ejecutivo de Vivas no está dispuesto a asumir por ahora.
Por otro lado, desde la perspectiva del letrado que
representa a los afectados, existen “pruebas” de que
concurren en la causa “varios delitos”, entre ellos uno de
“prevaricación administrativa”. Otra cuestión será
determinar quien o quienes han incurrido en dichos delitos.
Las nuevas testificales, pues, serían muy relevantes de cara
a la evolución de la adjudicación de las viviendas. El
primero que tendrá que prestar declaración, una vez
solventados los problemas de forma que ayer impidieron
testificales, será Antonio López, ex gerente de Emvicesa y
ex viceconsejero de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Éste ha sido fijado para el próximo día 22 de septiembre, y
las posteriores declaraciones que están previstas, la del
actual consejero de Vivienda, Néstor García, así como la de
un funcionario que trabaja en la Empresa Municipal de la
Vivienda, han sido fijadas para el día 30 de septiembre.
La cuestión, no obstante, se está prolongando en el tiempo y
las viviendas siguen vacías y bajo protección policial,
habida cuenta de que existen indicios -recogidos por la
Policía Local- de que habrían grupos de personas dispuestas
a entrar sí o sí en las casas y empezar a ocuparlas, con o
sin permiso. En todo caso, el procedimiento se prevé largo,
puesto que previamente tendrá que esclarecerse la cuestión
judicial que pudiera derivarse de la difusión de la lista de
adjudicatarios.
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