El sorteo de la mayor parte de las 317 viviendas de
protección oficial de Loma Colmenar aún no tiene fecha. A
pesar de que algunos medios de comunicación informaron de
que sería mañana día 16, el consejero de Fomento, Néstor
García León, tras la reunión que mantuvo la Comisión Local
de la Vivienda el pasado jueves, apostilló que no se había
determinado la fecha y que esta dependerá de tres factores:
la disponibilidad del notario, la de la empresa que ha sido
adjudicataria para realizar el sorteo, y también de los
pabellones municipales.
Finalmente se ha determinado que salgan a sorteo 249 de las
317 casas. El resto, que suman 68, serán adjudicadas de
forma directa: 48 para realojos de Escuelas Prácticas y
Príncipe Felipe; 10 para discapacitados; 2 para el CERMI;
seis para víctimas de violencia de género y 2 para víctimas
del terrorismo.
El sorteo se dividirá en dos bombos. En uno de ellos, el
denominado como cupo general, entrarán 1.720 solicitantes de
vivienda entre los que se repartirán 124 casas. En el otro,
el cupo de personas que se encuentran en el programa de
alojamiento alternativo, habrá 490 familias para 125
viviendas.
No obstante, las personas agraciadas en el sorteo serán
únicamente adjudicatarios provisionales en tanto en cuanto
no se verifique el cumplimiento de los requisitos para ser
adjudicatario de una VPO. De este trabajo se encargará la
denominada Ponencia Técnica, cuya composición ha quedado
establecida en otro de los acuerdos adoptados por la
Comisión de Vivienda.
“No queríamos dar lugar a que se produjera algún tipo de
injusticia”, manifestó recientemente García León para
puntualizar que se ha perseguido una “mayor igualdad de
oportunidades”. En este sentido el Gobierno siempre ha
defendido que “frente a este modelo de adjudicación ilegal y
opaco que parecen defender algunos partidos de la oposición,
el Gobierno –cierto es, empujado por los acontecimientos– ha
optado por hacer lo que tenía pensado desde hace muchos
meses: esperar a la constitución de la nueva Comisión Local
de la Vivienda para someter a su consideración cuáles debían
ser los criterios de adjudicación”, defendiendo que su
actuación siempre ha estado basada en la “legalidad, la
transparencia y la justicia”.
El Ejecutivo de Vivas no solo defiende una investigación,
sino que la puso en marcha poniendo el caso en manos de la
justicia.
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