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El juzgado de Instrucción número
dos de Ceuta ha decidido cerrar la causa contra el Ejecutivo
local por el ‘caso de Pasaje Fernández’, en cuya parcela se
hallaron restos arqueológicos que la Ciudad Autónoma decidió
expropiar en 2009. De nuevo el Gobierno de Vivas sale
indemne de un proceso penal. De nuevo un juzgado de
instrucción de Ceuta archiva un procedimiento por entender
que no se acredita delito Penal. Y de nuevo, como en el
‘caso Urbaser’, el juez no es que no aprecie
irregularidades, sino que afirma no estimar delito Penal,
derivando en ambos casos las responsabilidades al ámbito
administrativo. En este sentido, desde juzgado, aclara la
promotora, sí señalan que hay indicios suficientes para que
la causa vaya a la vía contencioso administrativa, mientras
que desisten de continuar su instrucción por la penal al
tratarse de un tema “muy complejo”.
Estas resoluciones parecen
reforzar los argumentos esgrimidos por el Presidente Vivas,
que ha repetido en varias ocasiones que su Gobierno ha
podido cometer errores pero no ha cometido ningún delito
actuando desde la ilegalidad. Errores, todo hay que decirlo,
por los que no ha sido condenado pero que los populares si
están pagado con creces en las urnas.
Pero independientemente de
denuncias, sentencias, archivos, delitos o recursos..., el
Gobierno de Vivas haría bien en fijar su atención en el
drama de muchas familias que siguen esperando la entrega de
sus casas tanto en Huerta Téllez como en Pasaje Fernández, y
tomar buena nota de las medidas adoptadas por la alcaldesa
de Barcelona, Ada Colau, que ha multado con 60.000 euros a
dos bancos y la Sareb estatal por tener pisos vacíos.
¿Competencias? Siempre hay algo más que se puede hacer.
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OPINIÓN / EDITORIAL
