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De manera un tanto sorprendente, aparezco involucrado en un
escrito de UGT, en que se critica mi actuación en relación
con el proceso de escolarización para el Curso 2015/2016. A
este respecto, considero oportuno hacer las siguientes
aclaraciones:
La Fampa, y yo personalmente,
hemos defendido siempre, como un objetivo irrenunciable, la
reducción de la ratio de alumnos por grupo como un elemento
clave para revertir las vergonzosas cifras de fracaso
escolar que asolan nuestra Ciudad. Así mismo, somos firmes
defensores de la legalidad, y de una política de
escolarización que no sea discriminatoria en ningún caso.
En la Comisión de Escolarización
de este Curso, se fijó como límite máximo en infantil de 3
años una ratio de 25 alumnos por grupo. No hubo
discrepancias, aunque se advirtió de que se estaban
ofertando plazas inexistentes. Era muy improbable (como así
ha sucedido) que las sobra de la antigua facultad de
humanidades estuvieran finalizadas a tiempo.
Durante los meses de verano, en
pleno conflicto institucional, con una administración
convulsionada, y un proceso de relevo en marcha, el Director
Provincial, Cecilio Gómez escolariza, de manera
absolutamente ilegal a seis alumnos. La Fampa ha pedido la
documentación al respecto, ha solicitado la revocación de
las resoluciones ilegales, y está a la espera de recibir la
documentación para presentar la correspondiente denuncia en
el juzgado. Suponemos que UGT (o al menos su sección de
enseñanza privada), por pura coherencia, presente también
una denuncia. En caso contrario, y después de la publicación
de su misiva, habrá que concluir que “perro ladrador. . . .
.”
Aduce en su escrito la
sindicalista que el incremento de la ratio se ha hecho de
manera ilegal. Quizá se trata sólo de ignorancia. La norma
que regula el proceso de escolarización como todo lo que
está haciendo el MECD, es profundamente antidemocrática y
permite al Director Provincial resolver la excepcionalidad
sin contar con la Comisión de Escolarización. No compartimos
en absoluto esta norma. Nos parece una prueba más del estilo
“caciquil” con el que se emplea el MECD, pero no es ilegal.
El análisis del incremento de la
ratio está absolutamente desenfocado (no sabemos si
intencionadamente o simplemente por error). No se establece
en función de las “listas de espera” de los centros, sino
del lugar de residencia de los alumnos que han sido
escolarizados de manera forzosa, y la proximidad al centro
asignado. En este sentido, es preciso tener en cuenta que la
mayor parte de alumnos a los que se les asignó un centro por
la Comisión de Escolarización terminaron en la “ampliación
del José Acosta”, un centro que es, a fecha de hoy,
inexistente. La obra no se ha concluido. La posibilidad de
albergarlos provisionalmente en las “aulas adscritas al Mare
Nostrum”
se aleja porque los técnicos no
aceptan la “recepción provisional”. La única solución era
distribuir el excedente entre los colegios más próximos a
los lugares de residencia de los afectados. La Fampa es
claramente reivindicativa, y lo va a seguir siendo
independientemente de las personas que dirijan la Dirección
Provincial. Pero también tenemos sentido de la realidad,
queremos lo mejor para los alumnos, y que las cosas
funcionen. Este año casi todos los colegios públicos
(excepto uno, o a lo sumo dos) tienen una ratio de 25
alumnos por grupo en infantil de tres años. No es lo ideal,
pero es un avance.
* Presidente de la
Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos
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OPINIÓN
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