Cesión ilegal de trabajadores. Esto es lo que entiende la
Inspección de Trabajo que ha hecho el Instituto Ceutí de
Deportes (ICD) con los monitores y socorristas de las
piscinas municipales que, en la actualidad, están
contratados por una empresa intermediaria cuyo único
cometido es poner a disposición del ICD a estos
trabajadores. Un hecho que, a petición de los propios
afectados, la Inspección de Trabajo investigó hasta concluir
que se estaba incurriendo en dicha cesión. Esto quiere decir
que el objeto de los contratos de servicios entre las
empresas se limita a una mera puesta a disposición de los
trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria.
Algo que ha constatado la Inspección de Trabajo y por lo que
ha impuesto una multa de 30.000 euros al ICD y a las
empresas que han prestado este servicio.
Los trabajadores, por su parte, llevan años denunciando esta
situación y explicando que en realidad de quién reciben
todas las órdenes es del ICD. Por ello, ahora y aprovechando
esta denuncia de la Inspección de Trabajo, han dado un paso
hacia adelante y han llevado su reclamación a los juzgados.
En este momento se está en proceso de presentación de la
demanda y así lo explica el abogado de UGT, Ramón Lladó,
quien está llevando el caso ya que la mayoría de los
afectados son afiliados de este sindicato.
Más de 20 empleados
De momento, no se ha fijado fecha para el juicio, pero Lladó
confía en que el juez se pronuncie en la misma línea que la
Inspección de Trabajo y determine que el ICD es la empresa
que controla toda la actividad de los monitores que, a su
vez, dependen del organismo deportivo. Además, esperan que
se demuestre que esta forma de contratar a los monitores
sólo busca “un ahorro”. De ello hay pendientes más de 20
empleados que en la actualidad están contratados por Arasti
Barca, la empresa que presta el servicio a pesar de que no
hay ningún contrato en vigor.
Ya en febrero de 2014 una representante de los monitores de
las piscinas del Guillermo Molina y el Díaz Flor salió a la
palestra para aclarar que tenían problemas y que se veían
perjudicados por la falta de un convenio colectivo a nivel
autonómico. La representante de este grupo de 23
trabajadores, comentaba que no se les reconoce la antigüedad
y que, por tanto, no tienen derecho a trienios.
Además, señalaban que de la Ciudad habían encontrado
promesas que nunca se llevaron a cabo. Sin embargo, a cambio
se encontraron con que compañeros que habían entrado a
trabajar con posterioridad cobran hasta 500 euros menos a
pesar de tener la misma jornada.
Presidencia, al tanto
Entre otros problemas, los trabajadores señalaban que no
siempre estaban cobrando en los días estipulados y que la
paga extraordinaria de diciembre la recibieron casi un mes
más tarde, cuando se tenía que haber otorgado antes de
Navidad. Problemas que, según contaba una monitoria, habían
llegado hasta Presidencia donde, al parecer, tenían
constancia de todo lo que ocurre con los monitores de
piscina y Arasti Barca, ya que los mantienen informados.
Sin embargo, desde la Ciudad no han reconocido en ningún
momento estos problemas, aunque sí la falta de un contrato.
En agosto de 2014, la consejera de Educación, Cultura y
Mujer, Mabel Deu, reconocía públicamente que el servicio de
monitores de natación y socorristas en las piscinas, estaba
siendo prestado por la empresa Arasti Barca sin existir
relación contractual expresa. Asimismo, señaló que
desconocía los motivos del retraso en sacar un nuevo pliego
de condiciones para licitar el servicio.
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Un retraso que ya va a sumar tres años
El partido de Fatima Hamed
recordaba que en el pleno de la Asamblea, la entonces
vicepresidenta primera, Adela Nieto, había asegurado que a
primeros de 2015 estaría licitado el contrato. “Una mentira
más”, lamentan los localistas. Mientras, a día de hoy, sigue
sin conocerse cuándo saldrá a licitación este contrato de
monitores y socorristas.
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Pagos a través de reconocimientos de deuda
En agosto de 2014, Mabel Deu
aseguró que “evidentemente, al igual que ocurre con otros
contratos, y como suele ocurrir cuando se está prestando un
servicio pese a no haber salido un nuevo pliego, si la
gestión se ha realizado se procede, si existe consignación
presupuestaria, a realizar dicho pago a través de un
reconocimiento de deuda”.
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