El secretario general del PSOE de
Ceuta, Manuel Hernández, asistió ayer a la reunión del
Consejo Político Federal del PSOE, celebrada por la mañana
en la sede de los socialistas en Ferraz. Un encuentro en el
que se acordó instar al Gobierno a que inicie “de inmediato”
un “diálogo con los grupos políticos, los gobiernos
autonómicos y la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP) así como con ACNUR y las organizaciones
especializadas, para diseñar con urgencia el Plan Estatal de
protección y acogida humanitaria a refugiados”.
En el documento aprobado por este
órgano de dirección y en el que se propone dicho acuerdo
social, político e institucional, los socialistas reclaman
que todas las instituciones “den un ejemplo de compromiso” y
adelanta que las comunidades autónomas y ayuntamientos
gobernados por el partido socialista “van a estar en primera
línea”.
En dicho documento el PSOE señala
que “el plan debe responder a las condiciones de acogida que
marca la normativa comunitaria y nacional y tiene que tener
en cuenta todas las fases del proceso de protección, acogida
y posterior integración”. Para ello, apuntan los
socialistas, es necesario “ampliar la capacidad de acogida
de los recursos públicos y concertados con organizaciones
especializadas para dar respuesta al número de solicitantes
propuestos por la Comisión”.
Por otro lado, en el documento se
recuerda que “el protagonismo en la atención a refugiados lo
desempeña la Administración General del Estado que es hasta
ahora quien ha desarrollado, con recursos propios y también
a través de organizaciones con una amplia trayectoria, los
programas normalizados de acogida e integración de
refugiados”. Un sistema que, manifiestan los socialistas,
“puede resultar más operativo si cuenta para la ejecución y
desarrollo con la participación de las comunidades y los
ayuntamientos a los que “se desplacen las personas”, y que
esto “es clave para el éxito de la acogida e integración”.
Refuerzo de los servicios
Para el PSOE y así lo traslada
también Hernández, las comunidades deben poner a disposición
de los acogidos “sus recursos de Sanidad, Educación y
Servicios Sociales” aunque advierten de que algunos de estos
servicios “deben ser reforzados, en función de la situación,
a través de los recursos específicos que el Estado destine a
este Plan”.
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