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Tal y como las mareas vienen y van, en la vida social y
política también existen mareas. Ocasionalmente sale a la
palestra un tema que se convierte en candente, de modo
inmediato es diseccionado desde distintos sectores sociales
y se vuelve arma arrojadiza con la que amenizar portadas y
debates hasta el advenimiento del siguiente tema candente.
Es el ciclo de la vida, con permiso de Simba.
Mucho se ha hablado, a pesar de
estar dando sus últimos coletazos, sobre la situación
urbanística en Ceuta y sobre el documento que ha de regular
la ordenación de nuestra ciudad. Como cualquier otro tema de
actualidad, tuvo un detonante inevitable, que en este caso
fue la filtración por parte de miembros del gobierno de la
Ciudad Autónoma de Ceuta de que en el pleno del pasado día
31 de agosto iba a plantearse una decisión polémica e
incomprensible respecto al PGOU nonato, que no era otra que
echar por tierra todo el trabajo de años de redacción del
nuevo documento con excusas bastante peregrinas y con una
alternativa consistente en dejar en manos de la propia
Ciudad y sus técnicos la redacción del nuevo plan… un día de
estos (Dios nos hubiera cogido confesados). Dicha decisión
al final no fue planteada ante el temor a las graves
repercusiones que se empezaron a percibir tras la
filtración. Muchas veces una filtración interesada es un
buen termómetro para medir la conveniencia o no de tomar una
decisión política antes de que te estalle en la cara. El
hecho es que tanto como desde la oposición, como desde
algunas asociaciones profesionales se puso el grito en el
cielo por la falta de rumbo claro y de rigor en el
tratamiento de este proceso y se dio un golpe de timón en el
último momento.
Al contrario de lo que pueda
parecer, la reforma del PGOU dista muchísimo de ser un tema
actual. Dejando al margen el hecho de que el plan anterior
es del año 1992, más de veinte años podrían no ser
necesariamente una razón de peso para plantear una reforma
si ese plan hubiera sido eficaz y nuestra ciudad
resplandeciera armoniosa, práctica y estéticamente
atractiva, siempre hablando desde el punto de vista del
urbanismo. Desgraciadamente no es así, sino que su belleza
reside básicamente en su ubicación geográfica, los paisajes
que tenemos la suerte de disfrutar y una decena de
construcciones más o menos acertadas que fueron realizadas
hace bastantes años. Todos coincidimos en que una muy
limitada zona céntrica cuidada, un foso amurallado
inigualable y un parque marítimo como el que tenemos no son
capaces de esconder el resto de graves miserias del
ordenamiento de la ciudad, por lo que nadie discute la
necesidad de ese nuevo PGOU.
Ahora bien, ¿es por sí mismo
suficiente una reforma del plan urbanístico? ¿Resolverá
todas las necesidades y problemas que a ese nivel tiene la
ciudad? La respuesta evidente es no. Existe una parte de
voluntad, de querer hacer las cosas, de decisiones de
gestión en política municipal que trascienden el mero marco
normativo de un plan. Y es justo en este punto donde sería
necesario hacer varias reflexiones.
A modo de ejemplo, fijémonos en
que hace pocas semanas asistimos a un renovado ímpetu
beligerante por parte del gobierno de la ciudad en las
formas, que no en el fondo, contra las construcciones
ilegales. Durante unos días fue otro de esos “temas
candentes”, que de modo fugaz ha pasado página. Es público y
notorio que la construcción ilegal en Ceuta va más allá de
un simple problema, es literalmente una lacra, un mal
endémico que se ha sufrido dejadez de las autoridades
durante décadas y que es la prueba palpable de que la
inacción política en el gobierno de una ciudad se puede
pagar muy caro a nivel social, urbanístico, laboral e
incluso económico. Pues bien, se anunció a bombo y platillo
que se iban a destinar medios específicos humanos y
materiales a luchar sin descanso contra este problema. Y ese
duro esfuerzo de unas semanas ha dado como resultado el
orgulloso anuncio de unas cuantas inspecciones, se han
abierto unos expedientes para paralizar unas pocas obras
ilegales detectadas y todos contentos. Tal vez se hayan
paralizado… ¿una o dos decenas de obras en curso detectadas?
Es un primer paso, nadie lo duda,
pero vayámonos ahora nosotros, ciudadanos normales de a pie,
sin conocimientos específicos sobre ordenanzas urbanísticas,
con una libreta y un lápiz y una cámara de fotos a dar un
paseo por la ciudad. Comencemos, por poner un lugar, en el
Sarchal, siguiendo por el Recinto, cruzando el centro hacia
la Avenida de África, subiendo hacia el Morro, luego Hadú,
bajando por la cuesta de la Parisiana (Argentina), llegando
a la Almadraba… y quedémonos ahí, que tampoco estamos tan en
forma y podría darnos agujetas. Dejemos de lado zonas como
el Príncipe, Benzú, Juan Carlos I, u otras que siempre se
tiende a demonizar como si fuera un problema exclusivo de
ellas. El resultado de este paseo sugerido sería dramático,
por no decir vergonzoso. Bueno, ¿por qué no decirlo? También
sería vergonzoso. No sólo serían obras ocupando terreno
público o que se están levantando sin licencia con
trabajadores de sospechosa legalidad, no, serían plantas de
casas que hace tiempo eran simples casas bajas y ahora
tienen al menos tres plantas, construcciones que a simple
vista no tienen ningún tipo de criterio estructural ni
técnico, cerramientos de áticos a todas luces ilegales EN
PLENO CENTRO, con incluso alturas ganadas en los mismos
áticos, ventanas abiertas en laterales de edificios que son
medianeras, eso sin contar la instalación de antenas, aires
acondicionados, tendederos que incumplen las ordenanzas,
modificaciones en fachadas… la lista sería interminable,
hasta tal punto que la libreta se habría gastado y la cámara
se habría quedado sin batería. ¿Y nos anuncian medios
humanos y materiales específicos para identificar una docena
de obras ilegales? ¿Es que pretenden tomarnos el pelo? Esto,
esto es una muestra de falta de voluntad, de dar un golpe de
efecto de cara a la galería y de seguir exactamente igual
que hasta ahora.
Para este ejemplo que acabo de
exponer no hace falta un nuevo PGOU, y aunque lo haya no va
a suponer diferencia en muchos aspectos. Debe ir acompañada
de una voluntad real, de una voluntad política de querer
mojarse de verdad por mejorar las cosas, y no de tener
encima de la mesa constantemente la calculadora electoral
para baremar cuántos votos puede costar actuar sobre un
problema de manera efectiva.
Existen también ejemplos sobre
actuaciones urbanísticas que se deberían plantear de modo
serio en nuestra ciudad, como aprovechar la remodelación que
se ha hecho en la zona de la nueva biblioteca, extendiendo
esas infraestructuras hacia este y actuando sobre toda esa
masa de infravivienda que existe en pleno centro, articular
viales de conexión entre las grandes vaguadas que tiene la
ciudad en la periferia como conectar Villajovita con la
Avenida Lisboa, o la Avenida de Otero con la Avenida
Ejército Español, que posibilitarían y facilitarían la
conexión entre zonas de la ciudad separadas por terrenos
abandonados y focos de insalubridad, plantear y llevar a
cabo de una vez un vial de conexión entre puerto y frontera,
etc, etc. Ejemplos hay muchísimos, y opciones de mejorar y
de crecer ordenadamente, también.
Creo que ha quedado en evidencia,
por tanto, que no sólo un nuevo Plan es necesario sino que
es más necesario si cabe la voluntad política. Me queda por
hacer una pequeña reflexión sobre la tercera piedra de toque
para que el banco no quede cojo: la responsabilidad
política.
La impunidad en la gestión pública
se ha limitado a una barrera muy cómoda para todos: la
legalidad. Es muy frecuente escuchar en los medios de
comunicación que cuando se le pregunta a un responsable
político sobre la responsabilidad política por algún tema,
se limita a responder algo así como que está en manos de la
Justicia (curiosa respuesta, me viene a la mente ahora algo
similar en el caso de Loma Colmenar), y que los jueces
dictaminarán la responsabilidad de cada uno y esclarecerán
los hechos. Confunden deliberadamente la responsabilidad
judicial, o penal con la política. Y digo deliberadamente
porque parto de la base de que ningún responsable político
es tonto, aunque se empeñen en tomarnos a menudo por tontos
a los demás.
Es decir, si un gestor público, un
político, no comete un acto o no toma una decisión ilegal,
la consecuencia política es nula, o no va más allá de que en
las próximas elecciones los votantes decidamos castigarles
no votándoles. Pero el concepto de responsabilidad por su
gestión se ha diluido en sector público de un modo
alarmante.
Pongamos el siguiente ejemplo para
que la gente entienda el concepto de responsabilidad
política que existe hoy en día: Supongamos que trabajo en
una empresa privada, y que mi jefe me encarga redactar un
documento, un proyecto que mejore el sistema de comunicación
interna de la empresa. Tras ocho años de trabajos duros, y
además habiendo decidido gastar un pastizal de mi empresa en
subcontratar a un asesor que me ayude en esa tarea, resulta
que tengo una especie de borrador que podría servir, aunque
hay que matizarlo con algunas modificaciones, pero decido no
hacer nada durante otro año más para… bueno, para ver si la
iluminación divina guía mis pasos, dado que hay algunos
aspectos a solucionar que suponen trabajar un poquito más y
me siento bastante desbordado. E incluso sugiero que tal vez
habría que abandonar esa idea. ¿Qué pasaría? Hay varias
opciones: A) Dada mi buena gestión, me premiarían con un
cambio de puesto pasando a dirigir otro departamento más
importante aún que el anterior. B) Me premiarían con un
casting para protagonizar el remake de “Los Lunes al Sol”,
previa visita a la oficina pública de empleo. En el sector
privado, la opción sería la b). En el sector público, nos
encontramos con que la responsabilidad política se traduce
en la opción a).
En definitiva, la teoría de
las mareas también se puede aplicar a la percepción de la
gestión pública. La gente va percibiendo cosas que se hacen
mal y muestra hartazgo, pero al igual que las mareas, el
hartazgo también va y viene, a veces se hace virulento y
otras se torna llevadero. Y algunos gestores públicos son
verdaderos maestros en gestionar esos vaivenes, modulándolos
a su antojo para que les afecten lo menos posible. A veces
se aprovechan de que su gestión afecta a aspectos que
piensan que son demasiado… “técnicos” como para que el
populacho elector los entienda, y les da igual demorar esa
gestión, buscar excusas o simplemente cambiar el criterio
alegremente sin tener en cuenta el interés general. Pero la
realidad es que su gestión afecta a problemas de fondo que
son de calado y que nos afectan a todos. Y mientras no
muestren voluntad y los ciudadanos no presionemos para que
asuman su responsabilidad por su gestión, las cosas no
avanzarán más que al ritmo que quieran unos pocos.
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OPINIÓN
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