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El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía que lidera la
diputada Fátima Hamed ha puesto énfasis en exigir al
Gobierno de la ciudad que las contrataciones se realicen
“acorde con la ley”.
En este sentido, han valorado positivamente el “esfuerzo” de
los técnicos de la Consejería de Economía, Hacienda y
Administración Pública “por el interés que demuestran”.
Hacen referencia en este sentido al envío que han realizado
dichos técnicos de una circular a los distintos
departamentos y organismos “para el cumplimiento de la
legislación en cuanto a la contratación de la Ciudad”.
Se trata de una cuestión que, recuerda el MDyC, la formación
política viene “denunciando” desde hace casi un año y que
reiteraron en la última comisión de Hacienda celebrada esta
semana.
“Otra cosa es la cuestión política”, señalan con respecto a
la consejera responsable del área, Susana Román.
“Dentro de su política de tierra quemada quiere ocultar el
grave problema de la gestión” del Gobierno del presidente
Juan Vivas.
IPSI
Una gestión, añaden, que causa perjuicios a las arcas
municipales, destacando la “permisividad y la pasividad en
relación con la gestión y tramitación de las contrataciones
públicas que se realizan por parte de algunas empresas
municipales y determinadas áreas de la Ciudad”.
Como ejemplo de esta gestión del Gobierno de la ciudad,
indican desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía
que “no se distingue entre la base imponible y el IPSI,
“auspiciendo así posibles fraudes de la propia ciudad
consigo misma”, con respecto a la recaudación tributaria en
concepto de pago del IPSI.
Argumentan desde la formación política que lidera Fátima
Hamed que el Gobierno de Juan Vivas “sigue sin cumplir la
legislación vigente”.
Este incumplimiento, según la formación política en la
oposición, se produciría en “los contratos menores, en los
mayores, en la emergencia, en la urgencia... En nada”.
“Tal es el descontrol que provoca la inacción de este
Gobierno que un día anuncian la entrada de un servicio por
el método de emergencia, al día siguiente dicen que lo harán
por urgencia y terminan renunciando a su contratación porque
cuando lo resuelvan dicen que no será necesario”.
Para el MDyC esta última circunstancia es “todo un ejemplo
de eficacia, eficiencia y capacidad de gestión”, explican
con sarcasmo.
Añaden también que “como argumento para justificarse, señala
el señor Vivas que la ley está sujeta a interpretaciones”.
“Por eso siempre acaban corrigiéndole los tribunales las
interpretaciones que realiza de la ley”, añaden desde el
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía.
En todo caso, desde la formación política se ha puesto de
relieve que continuarán con su “política de fiscalización de
los contratos de la ciudad”.
Finalmente, y en cuanto a las contrataciones que se realizan
por parte del Gobierno de la Ciudad Autónoma, indican que no
renuncian a tomar las medidas oportunas para hacer cumplir
la ley.
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movimiento por la dignidad y la
ciudadania
