La Institución reitera el
compromiso de la supervisión de las actuaciones de todas las
administraciones públicas con competencias en la materia, a
fin de perfeccionar los instrumentos de detección del riesgo
de la mujer y de sus hijos, para reducir las posibilidades
de agresión.
La cifra de 25 mujeres que durante
2015 han perdido la vida asesinadas por sus parejas o
exparejas y los 8 menores que han perdido la vida a manos de
su padres, deben removernos a todos y convocarnos a revisar
las medidas adoptadas hasta ahora para erradicar esta lacra
de nuestra sociedad.
En estos años se ha producido un
avance que ha permitido que las cifras de las víctimas de
violencia de género vayan descendiendo al mismo tiempo que
el rechazo de la sociedad española ante esta forma de
violencia aumenta.
Las cifras muestran que aún queda
mucho por hacer y que se han de revisar de manera constante
los instrumentos con los que cuentan las distintas
administraciones, que requieren una coordinación para
prevenir las situaciones de violencia de género, así como
las herramientas para la identificación y protección de las
mujeres víctimas de esa violencia y de los hijos.
El Defensor del Pueblo considera
urgente revisar dos cuestiones que confluyen de manera clara
en la protección de las víctimas: La actualización de los
protocolos para la valoración policial del riesgo (VPR) y la
valoración policial de la evolución del riesgo (VPER) en los
casos de violencia de género.
Se ha solicitado a la Secretaría
de Estado de Seguridad información sobre el estado de los
trabajos del grupo interministerial que revisa el
funcionamiento de estas herramientas.
También se destaca un
desarrollo urgente de las medidas previstas para el
reconocimiento a los menores víctimas de violencia de género
en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, que modifica el
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. Se
ha solicitado a los organismos competentes información sobre
las actuaciones previstas, tras la entrada en vigor, el
pasado martes, de esta norma.
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