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La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de Diciembre, “Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género”, ha
cumplido más diez años, sin embargo las estadísticas nos
muestran que no es totalmente eficaz; algo está fallando. En
estos últimos diez años 613 mujeres han muerto a manos de
sus parejas, 32 en 2015 y, lamentablemente, aunque espero
equivocarme, seguirá subiendo.
Supuestamente los juzgados
endurecieron las penas, y el apoyo legal y psicológico hacia
las víctimas aumentó. ¿Pero realmente se ha hecho? Las
cifras muestran lo contrario, al igual que destaca cómo algo
alarmante la poca preocupación por la prevención en
violencia de género: “Más vale educar a un niño que castigar
a un hombre”. Hay que educar en valores tanto a los niños
como a las niñas para que éstas también sean conscientes de
hasta qué punto una situación pasa de ser normal a ser
acoso, violencia psicológica, violencia física…
Hoy en día cada vez a más temprana
edad, los niños y niñas hacen uso de las redes sociales.
Esta herramienta puede ser muy útil pero también puede
llegar a ser muy peligrosa.
La violencia machista en Europa
cuesta 228.000 millones de euros al año. Un gasto que podría
reducirse si los países destinaran más recursos a la
prevención de la violencia de género; aumentando tan solo un
10 por ciento en prevención estaríamos ahorrando no sólo en
dinero, lo haríamos en lo más importante, en vidas, lo cual
parece que al Gobierno no le preocupa tanto.
Al retroceder en las políticas de
prevención, este Gobierno del Partido Popular nos está
llevando a una situación de máxima gravedad. Los hachazos
presupuestarios en esta materia suponen el desmantelamiento
progresivo de la red de apoyo social, la reducción y
deterioro en atención psicológica, en el sostenimiento de
los centros de acogida, en los dispositivos telemáticos, en
los planes personalizados de inserción laboral, en la
formación de los profesionales que las atienden, entre
otros. Las ONGs especializadas en la materia están viendo
también cómo las ayudas para el mantenimiento de sus
servicios disminuyen o incluso desaparecen.
El Gobierno parece ignorar que la
principal estrategia es concienciar a la sociedad, y que es
una labor de todos y todas el conseguir que las víctimas se
sientan respaldadas a la hora de poner una denuncia y pedir
ayuda. En lo que va de aplicación de la Ley, más de un
millón de mujeres han denunciado maltratos por parte de sus
parejas o exparejas, sin contar que el 80 por ciento no
llega a denunciar, y el 40 por ciento de mujeres maltratadas
no llegan a ser conscientes de ello, ya que han llegado a un
punto en que piensan que lo que están viviendo es algo
normal y lo peor de todo es que ellas creen que se merecen
lo que les está ocurriendo.
Nada más que en este mes como
ejemplo hemos tenido el caso de Marina y Laura en Cuenca, el
cual apunta a ser un caso premeditado por parte de la
expareja de una de ellas; el caso en Castelldefels dónde
mató a su exmujer con un machete; o las muertes de críos
indefensos a manos de sus padres.
El gran número de cifras mortales
al que hemos llegado, ha motivado que desde nuestro partido
se reclame un pacto de Estado contra los ataques machistas y
se ha pedido un acuerdo de todas las fuerzas políticas del
arco parlamentario. Para ello los socialistas hemos
presentado este viernes una proposición para la aplicación
de la Ley de violencia de género, que no olvidemos fue
impulsado por un Gobierno del PSOE y aprobada en 2004.
En la propuesta ya
registrada en el Congreso por nuestro Partido, señalamos que
urge “analizar la aplicación” y sus “posibles distorsiones”.
Entre ellas, hacen mención a las señaladas por la Fiscalía
especial y el Consejo General
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OPINIÓN
/
COLABORACION
