La nueva Ley de Seguridad Privada, de la que Francisco
Márquez ha sido ponente, ha causado polémica dentro del
sector. La Asociación Marea Negra, a través de EL PUEBLO,
denunció la falta de respaldo que entendía que sufría el
sector y reclamaba que se le otorgara carácter de autoridad
a los vigilantes. Sin embargo, Márquez señaló ayer en rueda
de prensa que en esta norma, a los vigilantes se les
confiere en algunas circunstancias la calidad de agentes
colaboradores de la autoridad pública. Algo que el diputado
popular por Ceuta considera que conlleva “un equilibrio
entre las necesidades del sector y de que la supervisión y
la competencia se retenga en manos de las administraciones
públicas”.
La nueva ley, aseguró que es un paso importante en un sector
que supone una aportación a la actividad económica española
muy importante, ya que genera más de 80.000 puestos de
trabajo. “Hasta ahora estaba regido por una ley de los años
90 que no se adaptaba a las necesidades reales ni a la
evolución de la sociedad española”, recordó Márquez para
añadir: “En esa ley se amplía los campos de actuación de la
seguridad privada y en algunas circunstancias se les
confiere calidad de agentes colaboradores de la autoridad
pública. Un equilibrio prudente entre la retención de las
competencias en materia de seguridad por parte de quien no
puede deshacerse de ellas, que son las administraciones
públicas, y un sector que es necesario para poder seguir
manteniendo ese nivel de seguridad en España que es de los
mayores de Europa”. Y es que, recordó Márquez, el índice de
criminalidad en España es de 44 delitos por cada mil
habitantes.
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