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Estamos asistiendo a un aluvión de noticias respecto a la
situación de la Comunidad Catalana. Estas noticias,
dependiendo del propio posicionamiento del medio que las
transmite, puede tener diferente tratamiento, pero en
cualquier caso, las ideas que subyacen son varias, por un
lado se quiere transmitir la idea de que el derecho a
decidir de un colectivo de personas, en este caso los
ciudadanos que viven en Cataluña, debe ser utilizado como un
derecho básico, universal y necesario, que justifica en sí
mismo la propia desobediencia a las leyes. Por otro lado se
percibe un claro matiz económico que genera una continua
demanda en el sentido de dar por hecho, cual dogma de fe,
que en Cataluña al aportar al Estado más que lo que recibe
de él, se genera una sensación de engaño y de discriminación
hacia otras Comunidades Autónomas que sí reciben más de lo
que aportan. Este es el denominado principio de solidaridad.
En general estos son los dos argumentos básicos, ya que
otros de tipo histórico, cultural, etc. tienen, a mi modo de
ver, poco recorrido. Cataluña nunca ha sido un reino
independiente ni tiene un bagaje propio en la historia de la
Península Ibérica, y desde que se formaron los diferentes
reinos, siempre estuvo integrado en el Reino de Aragón que
junto con Castilla, y otros reinos formaron en el devenir de
los tiempos, la actual España. En cuanto a la Cultura, el
hecho de tener un idioma, que sin duda enriquece a Cataluña
y a la propia España, no es motivo de ningún argumento a
favor de la Independencia. Hay multitud de países que tienen
muchos idiomas oficiales en su seno y eso no genera ningún
hecho diferencial. Por otro lado en el SXXI, donde las
sociedades modernas recogen como un valor en sí mismo la
multi-culturalidad, la mezcla de razas, etc. no tiene
sentido alguno pretender encerrarse en su propia cultura y
no asumir la diversidad como en bien en sí mismo.
En el caso del derecho a decidir
de una Comunidad Autónoma, parece que es algo que suena
bien, mucho más cuando vivimos en una sociedad democrática y
en una cultura europea, donde las libertades individuales
representan uno de los mayores valores.
Pero precisamente ese es el fondo
del problema, la capacidad de decidir sobre estas cuestiones
ya se decidió, democráticamente, cuando el pueblo español
votó la Constitución, y en ella misma quedó refrendado que
esta capacidad reside en la totalidad del pueblo español. Si
esto se quiere cambiar, no hay otra alternativa que
modificar la Constitución, para lo cual existen los
mecanismos y procedimientos legales establecidos. Cualquier
otra alternativa, como puede ser la declaración unilateral
de independencia, es además de una ilegalidad una gran
deslealtad. Resulta sorprendente ver las vueltas que da la
vida. En la época de la dictadura en España, la insumisión a
las leyes que planteaba la entonces oposición, política y
sindical en la clandestinidad, se sustentaba en la falta de
legitimidad democrática de la leyes franquistas. Hoy en una
sociedad democrática de cuarenta años de existencia la nueva
oposición política nacionalista basa sus razonamientos en el
derecho a decidir de modo abstracto, sin pensar en la
legalidad democrática del Ordenamiento jurídico español.
Porque la pregunta a continuación,
dado que no hay una ley que defina, salvo al propio pueblo
español, cual es el ámbito territorial del derecho a decidir
es precisamente ¿Cuál es ese ámbito?; una comunidad
autónoma, una provincia, una comarca, un municipio, una
barriada ¿Cuál es el ámbito? Por esto el único camino dentro
de una sociedad democrática es modificar la Constitución, y
si no se tiene el peso necesario para hacerlo, hay que
asumirlo y aceptarlo.
En cuanto el principio de
solidaridad, en cualquiera de sus niveles, forma parte de
los valores básicos de cualquier nación occidental y está en
la esencia de cualquier ideología democrática. Así hay
solidaridad fiscal en los individuos con la progresividad
impositiva, que quiere decir que los que los que más
ingresos reciben pagan más impuestos al tener tipos fiscales
mayores que aquellos que tienen menos ingresos. En el otro
extremo se establece la solidaridad entre países de la Unión
Europea, lo que ha permitido que durante muchos años España
haya recibido, subvenciones y préstamos a bajo interés por
la sencilla razón de que sus indicadores económicos estaban
por debajo de la media de los países de la Unión Europea y
solo cuando la Unión Europea incorporó a los países del Este
de Europa, cuyo nivel de vida era y es más bajo que el
nuestro, pasamos a tener nuestros indicadores económicos por
encima de la nueva media de los países europeos y como
decimos popularmente el grifo se cerró para España. Pero es
precisamente ese principio de solidaridad el que ahora está
ayudando a salir adelante a todos estos países que vienen de
tener unas economías poco desarrolladas.
Por tanto si el principio de
solidaridad funciona en el ámbito fiscal personal y en el
ámbito europeo, también tienen que funcionar en un país
cualquiera en relación a sus comunidades autónomas, de tal
manera que habrá comunidades que aportan más y reciben menos
y otras comunidades que aportan menos y reciben más. Sin
duda es el elemento vertebrador de la equidad y la justicia
en un país moderno y desarrollado.
Y contra este principio de
solidaridad se levanta la Comunidad Catalana, argumentando
que como no se revise su sistema de financiación
inter-territorial, prefieren ser independientes y así
administrar sus propios recursos fiscales y no tendría que
entregar nada al resto de Comunidades Autónomas. Es, por
tanto, un argumento de claro contenido económico, guiado por
sentimientos excesivamente egoístas.
Y esta es, de manera muy
simplificada, la situación del conflicto actual con
Cataluña. Aceptar sus planteamientos podría suponer abrir la
puerta a la desintegración de España, ya que otras
Comunidades presentarán inmediatamente demandas parecidas, y
representaría la quiebra de algunos de los valores que más
tiempo y sacrificios ha costado instalar, no solo en España,
sino en Europa.
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OPINIÓN
/
COLABORACION
