|
El pasado mes de noviembre, el
Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) denunciaba
a la opinión pública el “nefasto” funcionamiento de las
contrataciones que el Ejecutivo local hace en la Ciudad y en
las empresas y organismos municipales; como ejemplo el
partido localista encabezado por Fatima Hamed expuso el “uso
y abuso de los contratos menores, el fraccionamiento de los
mismos para que puedan realizarse con menores controles, la
falta de pago de los impuestos, la nula publicidad de los
mismos, la utilización de esta figura del contrato menor
para saltarse la libre competencia y dar a dedo los
contratos a aquellos que más les interesa”. Estas
características eran ejemplo de lo que, según MDyC, son las
contrataciones del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Ceuta.
Debido a esa labor de
fiscalización el Gobierno decidió que, para los Presupuestos
del año actual, se produjeran algunos cambios significativos
en la forma de contratación, pasando a ser publicados en el
portal de contratación a partir de 500€, por ello en el
seguimiento de la acción del Gobierno que realiza el MDyC,
el partido de Fatima Hamed presentaba una interpelación
durante el último pleno celebrado a través de la cual se
preguntaba sobre el funcionamiento de esta nueva fórmula.
Tras esta pregunta, la consejera
del área, Susana Román ha remitido un escrito a Hamed en el
que se destaca que “la marcha en cuanto al procedimiento,
como todos los procedimientos de nueva implantación, ha sido
lenta de ser asumido por los propios funcionarios y
trabajadores de la Ciudad en sus primeros días. En tanto
supone un cambio en la forma de gestionar”, aunque en el
mismo escrito, la consejera manifiesta que hoy en día se
viene realizando con total normalidad en todas las áreasm y
que “el control es el habitual en todas las contrataciones,
por las áreas directamente implicadas y por intervención”.
Estas explicaciones ofrecidas por
Román, han sido calificadas por el MDyC como un intento de
la consejera de trasladar las responsabilidades a los
funcionarios de la Ciudad para evitar asumir “sus
manifiestos errores, de su incapacidad para gestionar, de su
falta de previsión, de sus constantes cambios en el
proyecto, y de su indecisión a la hora de afrontar las
soluciones”.
En este sentido, MDyC ha
manifestado que tras el análisis que ha llevado a cabo de
los contratos menores de los meses de junio y julio
(aproximadamente unos 25) realizados por la Ciudad, ha
podido comprobar que “siguen existiendo numerosos problemas,
irregularidades e ilegalidades”.
MDyC vuelve a denunciar el
fraccionamiento del servicio para que pueda considerarse
menor, poniendo como ejemplo el contrato por la Cena de
Mayores de la Feria, del que hay tres contratos que suman
19.070 euros, lo que sería un contrato mayor.
Otra de las cuestiones denunciadas
son la urgencia en la contratación por falta de
planificación, resaltando que la inmensa mayoría de los
contratos de la Feria han salido a concurso en el mes de
julio y muchos han quedado desiertos ante la inexistencia de
ofertas, lo que le permite al Ejecutivo otorgar dichos
contratos “a dedo y al precio que el proveedor desee”.
Igualmente, MDyC también denuncia
que se han llevado a cabo ofertas de servicios por debajo
del coste salarial de los Convenios Colectivos.
El más grave de todos estos
problemas encontrados en estos contratos menores y que desde
MDyC se ha resaltado que no se va a consentir, es que la
Ciudad “se defraude a sí misma”.
El partido de Hamed ya denunció
hace unos ocho meses que los contratos analizados tan sólo
en uno está correctamente desglosado los impuestos de la
base imponible.
Para MDyC “es incomprensible que
la propia institución, que crea, gestiona y liquida el IPSI,
se desfalque sus propios ingresos, preocupante y delictivo”.
Por ello el MDyC va a proceder a impugnar todos y cada uno
de los contratos que se oferten en dichas condiciones, al
incumplir la Ley de Contratos del Estado y sobre todo por
atacar a las propias fuentes de financiación del
Ayuntamiento.
El partido localista manifiesta
que no sólo es el coste de lo que no ingresa, sino hay que
añadir lo que paga por no desglosarlo, resaltándose que “el
coste para el Ayuntamiento es el doble por no ingresar el
Ipsi y por pagar el total del contrato”.
Por esta cuetión, MDyC recrimina
al Gobierno de Vivas que exija el pago de los Impuestos como
el IBI, la tasa de alcantarillado, etc. a los ciudadanos
mientras el Gobierno “es el primero que elude sus
compromisos fiscales”.
Finalmente, y ante esta
situación encontrada en los contratos menores, MDyC ha
avanzado que ya ha comenzado a “impugnar estos contratos
ilegales que defraudan los ingresos de todos los
ciudadanos”.
|
movimiento por la dignidad y la
ciudadania
