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En la jornada de ayer viernes era
aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado que incluye un alza del
sueldo para los empleados públicos del 1% que fue anunciado
el jueves tras la reunión de la Mesa General de Negociación
de la Función Pública. Además, se ha acordado un compromiso
del Ejecutivo para devolver el 75% restante de la paga extra
suprimida en 2012, la restitución de los días de libre
disposición y antigüedad que también fueron suspendidos y un
acuerdo sobre la oferta pública de empleo (OPE) para el
próximo ejercicio.
Esta primera medida adoptada por
el Gobierno es un primer paso, pero ANPE la considera
insuficiente: cualquier subida salarial para 2016 tiene que
igualar como mínimo el IPC correspondiente y que según la
Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, apunta a una
inflación del 1,3% para el año que viene. Además a esta
pérdida adquisitiva se une la grave pérdida en derechos
laborales y sociales injustificados en los últimos años,
además de disminuir el gasto educativo que afecta
principalmente a la enseñanza pública, a su profesorado y
alumnado. Por tanto ANPE exige:
La derogación de los RD 14/2012 Y
20/2012 que implica el incremento del horario lectivo del
profesorado, el incremento de la ratio alumno por aula de un
20%, disminución de profesorado interino, la eliminación de
los complementos retributivos, la modificación de la
cobertura de sustituciones por bajas laborales, la reducción
de la tasa de reposición de efectivos docentes, entre otras
medidas.
La subida salarial correspondiente
a la pérdida adquisitiva de los últimos años recogida en un
Plan de Estabilidad en los Presupuestos Generales del Estado
donde se recoja la recuperación de la pérdida salarial y la
subida del IPC correspondiente. Los sueldos de los
funcionarios acumulan cinco congelaciones y una bajada
salarial, lo que supone una pérdida de un 20% desde el año
2010, mientras que en el sector privado solo se ha perdido
un 2,5%. Esta diferencia de 17,5 puntos porcentuales supone
un grave perjuicio para el profesorado que, a pesar de la
recuperación económica sigue siendo castigado.
El aumento de los
Presupuestos en Educación tanto en el Estado como en las
CCAA, ya que la bajada se ha traducido en la pérdida de
puestos de trabajo de miles de profesores.
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