Se ha celebrado el Día Internacional contra la Trata de
Personas y no he visto a la Ciudad mostrar su repulsa y
condena por este tipo de esclavitud. La lucha contra la
trata de personas debe ser prioridad para toda la sociedad,
pero son las instituciones las que deben asumir la
responsabilidad de garantizar el acceso universal de los
Derechos Humanos.
En España hay víctimas de trata
extranjeras, residentes legalmente o en situación irregular;
así como de nacionalidad española o nacionalidades de otros
Estados miembro de la Unión Europea. Ceuta, ciudad
fronteriza, ¿Alguien piensa realmente que no existe trata?
Para una mejor respuesta, haré
referencia a la definición que ofrece Naciones Unidas sobre
esta violación clara contra la dignidad humana “la trata es
la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de
la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude,
al engaño, al abuso de poder o de una situación de
vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o
beneficios para obtener el consenti-miento de una persona
que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. La
explotación incluye como mínimo, la derivada de la
prostitución y de otras formas de explotación sexual,
trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas
similares, servidumbre y extracción de órganos”.
Ateniéndonos a la definición y
queriendo centrarme en la trata de explotación sexual, por
ser la que se da con mayor frecuencia, hay posibilidad de
que la trata se produzca recurriendo al abuso de una
situación de vulnerabilidad aunque no haya coacción ni
engaño. En este sentido, por ejemplo, una mujer puede
acceder a estar en situación de prostitución y ser
explo-tada sexualmente pero no por ello dejar de ser víctima
de trata si se está abusando de una situación de
vulnerabilidad como la pobreza, la situación administrativa
irregular, las cargas familiares, o por no conocer el país o
la lengua.
Es bueno que la gente sepa que en
España se están obteniendo unas ganancias ilegales de más de
112 millones de euros al año a costa de las víctimas de
trata de seres humanos y explotación sexual conocidas por
las autoridades, según cálculos de UGT. El 85% de los
beneficios económicos estimados de la trata de personas
viene del comercio sexual. Cada año entre 600.000 y 800.000
personas cruzan las fronteras internacionales como víctimas
de trata, de esta cifra el 80% son mujeres y niñas y el 50%
son menores de edad. Por ello, la respuesta debe ser
abordada desde las políticas de igualdad y desde una
perspectiva integral. No podemos escatimar esfuerzos para
luchar contra la esclavitud, ni permitir que en ningún país
se vendan y compren personas. Tampoco podemos seguir
mermando los recursos para luchar contra mafias y dar apoyo
a las víctimas, ni continuar en un silencio cómplice o
cobarde, según como se mire.
Y en Ceuta no podemos permanecer
inmutables ante una realidad patente. Como feminista siempre
he tenido claro el papel que deben representar los poderes
públicos respecto a la ex-plotación sexual, y siempre he
considerado la prostitución como violencia de género o
violencia contra la mujer, como una violación de los
derechos humanos y como otra muestra más de opresión
patriarcal que coloca al hombre del lado del dominio y a la
mujer de la sujeción. Las mujeres no se prostituyen, son
prostituidas por clientes y proxenetas protegidos, en muchas
ocasiones, por el Estado, forzadas por necesidad económica,
por presiones de todo tipo, por la violencia material y
simbólica, por costumbres e ideas contenidas en los mensajes
culturales que nos dicen que hemos nacido para satisfacer
las necesidades de los varones. Tratar a las mujeres como un
objeto de usar y tirar equivale a aceptar un modelo de
relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Aceptar
esto, es atacar directamente a la igualdad. Utilizan una
falsa idea de elección y consentimiento que no reconoce los
condicionamientos sociales e individua-les y el complejo
proceso que lleva a una mujer a ejercer la prostitución y
las diversas formas, sutiles o brutales de coerción, no
siempre demostrables.
Este comercio está
organizado fuertemente en torno a ideologías androcéntricas
y capitalistas, su regulación soluciona supuestamente a los
gobiernos problemas de inmigración y de seguri-dad ciudadana
a costa de la vida y la dignidad de las mujeres, por eso ya
han empezado a multar a las mujeres en vez de considerar que
el cliente es el mayor prostituidor y debería ser el
responsable penal. Mientras, lo que hay que hacer es cerrar
los locales de alternes, los pisos y los burdeles,
reinsertar a las víctimas y protegerlas, concienciarse de
que existe una clara vinculación entre la violación de los
derechos humanos y la prostitución y, por tanto, no cabe
regularizar o reglamentar la explotación. Es vital eliminar
la apariencia de normalidad de la esclavitud y obligar a los
poderes públicos a evitar cualquier tipo de violencia,
también a Vivas.
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