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Por primera vez en este año 2015 se somete a la
consideración del Consejo de Gobierno y, posteriormente, del
Pleno de la Asamblea, el primer expediente de modificación
de créditos, por un importe total que asciende a
10.916.077,16 €.
Un asunto a priori de aspecto tan
farragoso y aburrido requiere de un esfuerzo de traducción
al ciudadano que no siempre es fácil de hacer, toda vez que
la información y explicaciones que se transmiten por parte
del Gobierno de la Ciudad a la opinión pública y a los
grupos de la oposición son incompletos, sesgados y hasta
cierto punto, interesados. Es por esta razón por la que
creemos vital dar una serie de explicaciones que nos ayuden
a entender algunos aspectos de esta modificación que se
pretende hacer.
En primer lugar, la documentación
adolece de falta de concreción, de datos poco específicos y
de falta de transparencia. Se habla de partidas como por
ejemplo, y por ser una de las de mayor importe económico,
gastos pendientes de aplicar a presupuestos, por importe de
4.265.257,44 €, sobre la que se habla genéricamente haciendo
referencia a algunos de sus componentes, pero no en qué
cuantía ni cuál es su composición exacta. Consideramos esta
explicación necesaria, así como una explicación de por qué
razón estos gastos no han sido antes aplicados, a
presupuestos. Es demasiado frecuente recibir como
explicación que es una operativa habitual permitida por la
ley y por el sistema presupuestario de la contabilidad
pública, pero nuestra exigencia no se limita a saber que es
legal (¡qué menos que eso!), sino que queremos saber cuáles
son esas partidas exactamente y cuáles son sus importes y
por qué no se han aplicado antes a los presupuestos, es
decir, la aplicación de qué partida ha sido priorizada y en
detrimento de qué otra. A eso se le llama transparencia en
la gestión pública.
En la misma línea, se hace
referencia a que se destinan recursos al pago de facturas
pendientes de proveedores, pero de nuevo no se especifican
qué facturas son esas, cuáles sus importes y, sobre todo,
CUÁL ES LA SITUACIÓN DEL IMPAGO DE FACTURAS A PROVEEDORES
DE LA CIUDAD. La existencia de facturas pendientes de
proveedores de la Ciudad es un tema antiguo y al que no se
le ha llegado nunca a dar una solución en cuanto a
publicidad y a detalle de su composición. Es necesario saber
cuántas facturas existen pendientes de pago, cuáles son los
acreedores del Gobierno de la Ciudad, por qué conceptos, con
qué antigüedad y, sobre todo, qué criterio exacto se está
siguiendo para ir abonando esas facturas. De nuevo, falta de
transparencia en la gestión del Gobierno.
En segundo lugar, encontramos
incomprensibles algunos aspectos de la financiación de este
expediente de modificación. La existencia de remanentes de
tesorería de ejercicios anteriores por valor de 5.202.493,73
€ es indicativo de un problema de una incorrecta gestión del
presupuesto. La existencia de un remanente tan alto de
tesorería en un presupuesto con un nivel de endeudamiento
tan brutal es, por definición y a falta de una razón
extraordinaria que lo justifique, consecuencia de una mala
planificación presupuestaria. No se puede consentir que,
siendo el endeudamiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta a 31
de diciembre de 2014 de MÁS DE 219 MILLONES DE EUROS (más de
un 88% sobre el presupuesto anual de la ciudad), uno de los
endeudamientos más altos por habitante de toda España,
además de ser una de las pocas ciudades que ha elevado su
nivel de endeudamiento en el periodo de 2011 a 2014, se
gestionen, se comprometan recursos y se siga aumentando
dicho endeudamiento de tal q modo ue se infrautilicen esos
recursos.
Por la misma razón que el punto
anterior, tampoco es comprensible que parte de la
financiación proceda de partidas que tenían su finalidad en
la financiación de viviendas y rehabilitación de barriadas,
por importe de la nada despreciable cantidad de 3.856.828,38
€ y que NO HAYAN SIDO UTILIZADAS CUANDO DEBIERON SERLO. Esto
muestra una incapacidad de gestión manifiesta y un
despilfarro de recursos finalistas que no se aplican cómo y
cuándo deben ser aplicados.
Merecen una mención especial los
remanentes de 723.125 euros y 513.750 euros, sobre partidas
que deberían haber sido utilizadas en su día, hace ya un
año, en rehabilitación de barriadas Los Rosales y el
Príncipe respectivamente, y que no se aplicaron. ¿Por qué
razón unos importes tan elevados que tenían un destino tan
claro como la rehabilitación de dos barriadas tan
necesitadas no fueron aplicados en su totalidad en
actuaciones en esas barriadas hace un año? ¿Por qué razón
ahora, un año después, se intenta remediar con otras
actuaciones improvisadas intentando compensar esos importes
con un incremento imprevisto? Esto nos lleva a plantearnos
por qué se le dieron prioridad a proyectos como por ejemplo
la enésima mejora del paseo de la Marina y el famoso puente
de conexión con el Parque Marítimo en detrimento de
actuaciones mucho más urgentes en barriadas que ahora se
intentan subsanar mediante expediente de modificación de
créditos en vista de que ha sobrado dinero que debió
utilizarse en lo que de verdad era importante. Este punto
levanta sospechas más que justificadas sobre los intereses
electoralistas en la aplicación discrecional del
presupuesto.
En tercer lugar, se destina un
importe de 754.718,12 € para dotar de provisión como parte
de la indemnización a la empresa Invercap por los trabajos
efectuados para la protección de los restos arqueológicos.
Esta indemnización se basa en una propuesta de
resolución de responsabilidad patrimonial de la misma Ciudad
Autónoma de Ceuta, es decir, que es un importe establecido
unilateralmente por el mismo gobierno. Sin embargo no se
hace referencia a que este tema está judicializado y que
existe una denuncia ante el juzgado por estafa,
prevaricación y amenazas de esta empresa contra el Gobierno
de la ciudad, y que los importes de las indemnizaciones que
se deriven de este caso pueden ser de cuantía muy superior.
Todo ello, siguiendo los principios de la Contabilidad
Pública, debería ser debidamente explicado al ciudadano para
trasladar la imagen fiel de la realidad de la
Administración, porque ese es precisamente el fin último de
la Contabilidad Pública.
Por último, se reconoce que existe
una reclamación de la UTE que construyó el Plan Aparca por
una revisión de precios que la Ciudad no consideró pagar en
la cuantía solicitada y ahora pretende hacerlo porque hay
financiación suficiente. Parece que las obligaciones de pago
se tienen en cuenta y se atienden o no según decida el
Gobierno en cada momento, con la inseguridad jurídica que
eso genera a cada empresa y a la actividad económica que
realizan. No es admisible esta manera de actuar. Las
empresas que trabajan para la Administración necesitan una
mayor seriedad en el desempeño de su función, y que se les
garantice el cumplimiento en sus pagos y sus desviaciones
mediante la dotación presupuestaria correspondiente en
tiempo y forma, no cuando los responsables políticos
consideren oportuno.
Se reconoce que hay partidas de
retribuciones de políticas activas de empleo que fueron
minoradas para atender eventualidades de otras Consejerías
durante el ejercicio.
Se reconocen errores materiales en
cantidades inicialmente presupuestadas durante la
tramitación del presupuesto actual respecto al número de
usuarios de la Fundación Eduardo Gallardo que ahora intentan
corregir.
En definitiva, el proceso de
gestión presupuestaria está sometido a posibles desviaciones
y variaciones derivadas de contingencias e imprevistos.
Estas eventualidades son comprensibles y por ello se usan
los instrumentos como los que ahora se usan de
modificaciones de crédito sobre el presupuesto. Por todo lo
expuesto se pone de manifiesto la existencia de una falta de
transparencia ciertamente preocupante, así como una ausencia
de rigor a la hora de tomar ciertas decisiones
presupuestarias, alcanzado un grado de impericia al respecto
difícilmente excusable.
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OPINIÓN
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C
