|
Comisiones Obreras ha detectado
que la Oficina Pública de Empleo Estatal de Ceuta está
procediendo a cancelar las demandas de empleo de personas
inscritas como parados sin que se les notifique esta
circunstancia y “sin permitirles defenderse frente a
imputaciones infundadas de los responsables de este
servicio”, según expuso ayer en un comunicado de prensa.
Como caso concrecto recientemente
el sindicato ha tramitado la reclamación de una persona que,
teniendo una antigüedad de más de seis años en su
inscripción como demandante de empleo, ha sido dada de baja
sin notificación previa.
La persona interesada ha sido
informada verbalmente de este hecho por una funcionaria del
SEPE, que se ha negado a efectuar la renovación de la
demanda, aduciendo que se mandó un policía a su domicilio y
que no había nadie en él y por lo tanto se presumía que no
era residente en la ciudad, lo cual era causa de anulación
de la demanda.
CCOO considera que la actuación de
las Administraciones Públicas debe producirse “con absoluto
respeto a los derechos de los ciudadanos y con sometimiento
pleno a la normativa reguladora de los distintos
procedimientos administrativos”.
En este sentido, el cumplimiento
de plazos y requisitos formales de las notificaciones son un
elemento fundamental para garantizar esos derechos sin que,
en ningún caso, pueda producirse indefensión de los
ciudadanos.
“Desgraciadamente”, según sigue
exponiendo la sección sindical, “no se trata de un hecho
aislado que pueda haber ocurrido puntualmente sino que el
utilizar procedimientos no reglados, como el rechazo de
solicitudes de forma verbal, la eliminación de los registros
de demandantes de empleo o la exclusión de procesos de
selección de personas que reúnen los requisitos exigidos, se
ha convertido en una norma de actuación en ese Servicio
Público”.
Maquillaje
El sindicato también expuso que
“solo el afán del gobierno para maquillar las cifras de
demandantes de empleo puede explicar el hecho de que sean
eliminados de los registros de desempleados personas que
cumplen con todas las prescripciones necesarias para figurar
como tales, privándoles de sus derechos legítimos sin
permitirles siquiera el derecho de defensa”.
Finalmente, los servicios
jurídicos de CCOO estudian la posibilidad de promover
acciones, incluso en el orden penal, “para impedir la
arbitrariedad de los responsables de este servicio y
garantizar la plenitud de los derechos de todos los
ciudadanos afectados por una actuación administrativa que
solo puede ser calificada como deplorable”.
Comisiones Obreras muestra
su rechazo a esta forma de actuar y se pone de parte de los
derechos de los demandantes de empleo. Además no descarta
recurrir a la vía judicial ante estos hechos, que en primer
lugar ha denunciado públicamente a través de los medios.
|
comisiones obreras
