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Un plazo de diez días más se le concedía ayer a una de las
familias que se encuentran habitando el inmueble de la
avenida Teniente Coronel Gautier nº29 y sobre la que pesa
una orden de desahucio para todos sus inquilinos por impago
del alquiler. Pasaban unos minutos de las once de la mañana
cuando varios agentes del Cuerpo Nacional de Policía y los
funcionarios del juzgado se personaban en el inmueble de
Khadija para ejecutar la sentencia de desahucio, aunque
finalmente y tras conversar con ella se procedía a
concederle un total de diez días para que esta mujer pueda
intentar solucionar su situación en la Consejería de Asuntos
Sociales y no verse en la calle con sus tres hijos menores.
La orden de desalojo estaba fechada para el pasado
miércoles, día 1, aunque no fue hasta ayer cuando se
personaron en el inmueble la Policía y los funcionarios del
juzgado. “Hemos pedido muchas veces que vinieran de
Servicios Sociales a ver las casas y nada”, lamentan Khadija,
quien mostraba a EL PUEBLO el “deplorable” estado en el que
se encuentran estas viviedas.
Además, esta vecina resaltaba que tanto ella como el resto
de vecinos del inmueble aparecieron en la lista de
adjudicatarios de las 317 VPO de Loma Colmenar que manejaba
Emvicesa y sobre la que ya se habían elaborado los
contratos, y se mostraba esperanzada en que el Gobierno,
pese a que haya decidido paralizar el proceso de
adjudicación para iniciar uno nuevo, tenga en cuenta la
situación que está viviendo tanto ella como el resto de sus
vecinas y respete esa adjudicación, ya que llevan casi tres
años soportando unas condiciones infrahumanas. Hay que
recordar que el origen del problema surgió hace varios
meses, cuando las familias decidieron dejar de pagar del
alquiler porque el propietario no respondía ante los graves
problemas de humedad que tenían en las casas. Según explica
Khadija, le habían reclamado en varias ocasiones que
arreglara las goteras sin que hubiera respuesta.
“El propietario ha sacado de una casa dos, poniendo un
tabique de por medio”. Ni la cocina, ni la habitación de su
hijo tienen ventana y el calor se hace insoportable en
verano. “Cada dos por tres estoy pintando para tapar la
humedad”, cuenta esta vecina, quien destaca que como medida
de presión, todos los vecinos decidieron dejar de pagar y
denunciar al dueño de las viviendas. Los precios de los
alquileres en esta vivienda, casi en ruinas, están entre 450
euros por una habitación y 550 euros por dos.
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TRIBUNALES
