Es curioso que en un intento desesperado por dar un portazo
al caso de la publicación de la lista supuestamente
“fantasma” de adjudicatarios de las 317 VPO de Loma
Colmenar, se llegue al extremo de ridiculizar a los grupos
políticos que han decidido no rendirse frente a un
Desgobierno que lejos de intentar trabajar y remover
cualquier obstáculo para llegar al fondo de la verdad en el
caso de la publicación de la citada lista, ha decidido, ante
la sorpresa de todos, mirar hacia otro lado, no dudando en
ocultar información desde el principio, echar balones fuera
e intentar escurrir el bulto con absurdas e infantiles
excusas, intentando acelerar la entrega de las viviendas al
aplicar la política de hechos consumados (tienen tanta prisa
que ni siquiera querían esperar los plazos que la
legislación marca, diciendo que lo harían en agosto y ahora
en noviembre), después de estar más de dos años sin hacer
absolutamente nada para realizar un proceso transparente y
objetivo.
Ya nos ha quedado claro que para
el Ejecutivo Local, la lista de las 317 VPO de Loma
Colmenar, es una lista “fantasma” que nunca ha existido; ya
sea porque supuestamente no se ha respetado el procedimiento
reglamentariamente establecido al efecto (algo que es
imposible saber hasta que no haya un pronunciamiento
judicial, puesto que recordemos que el asunto se encuentra
en manos de la justicia, sobre todo cuando esta fórmula ha
sido el procedimiento seguido para asignar todas las
promociones anteriores), o ya sea porque ni a Vivas ni a los
que se muestran tan incómodos y molestos cada vez que se
nombra esa lista “fantasma”, no les interesa lo más mínimo
que se hable de ella.
Pues bien, frente a esta postura
que mantienen tanto el Partido Popular como los que han
respaldado su cuestionable decisión de rechazar cualquier
actividad política que suponga trabajar en la línea de tomar
las medidas necesarias para que los procesos de adjudicación
de las VPO en nuestra ciudad nunca vuelvan a estar rodeadas
de la oscuridad, falta de transparencia y la incertidumbre
que siempre los ha rodeado y caracterizado; frene a ello, en
el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC), nos
mantenemos firmes en nuestra postura, cual es la de no
perder la oportunidad de investigar los hechos acaecidos,
empezando por analizar las causas de la publicación de la
famosa lista “fantasma” – que recordemos que tras la misma
existían contratos preparados para firmar, con nombres y
apellidos, que “casualmente” aparecen en esa lista; fianzas
abonadas por personas que “casualmente” también aparecen en
la lista; boletines para la contratación de servicios,
emitidos para cada una de las viviendas; y documentos
firmados hace varios años por personas responsables del
Desgobierno del Sr. Vivas, que acreditan los compromisos
adquiridos con personas que igualmente, una vez más,
“casualmente”, aparecen en esa lista-, y continuando por
comprobar expediente a expediente quiénes cumplían los
requisitos para ser adjudicatarios y quiénes no, con todas
las consecuencias laborales y penales que ello conlleve.
Todo esto, que debería verse como
lo más lógico dentro de las funciones de fiscalización y de
ejercicio de transparencia y legalidad por parte de los
representantes de la ciudadanía, resulta sin embargo, para
algunos, una actitud molesta y hasta se ha llegado a
calificar como una idiotez.
Pero como desde nuestra formación
socio-política no tenemos nada que ocultar, y estamos
convencidos de que el interés general de los y las ceutíes
debe prevalecer siempre sobre cualquier interés particular,
nos negamos a ser cómplices de quienes posiblemente
pretendan ahora ocultar sus vergüenzas, tratando de hacernos
ver que todo ha sido una ilusión y que únicamente vemos
listas “fantasmas” donde no las hay.
Y como creemos que la verdad
siempre acaba saliendo a la luz, desde el MDyC no vamos a
ceder a ningún tipo de presión que intente hacernos dar
marcha atrás en nuestra tarea, que en estos momentos, no es
ni más ni menos, que la de indagar en los hechos hasta
llegar al fondo del asunto, y que se esclarezcan de una vez
por todas los hechos ocurridos, sin olvidar nuestra
intención de que se depuren las responsabilidades políticas
a que todo ello pueda dar lugar. Por lo que insistimos en la
necesidad de paralizar la entrega de la promoción
hasta que la Justicia se pronuncie sobre el fondo del
asunto.
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