|
Todo un reguero de casas ilegales,
incluso alguna barriada entera, ha ido crecido en Ceuta sin
control alguno durante años y años. Estas construcciones han
avanzado sin problema. Se han extendido como un cáncer. Y lo
peor es que la Administración sigue dejando hacer y la
situación se complica cuando muchos propietarios de esas
casas demandan una legalización que les permitiera acceder
sin barreras a servicios básicos como la luz, el agua o el
alcantarillado.
La inacción de las
Administraciones provoca un efecto llamada para algunos y la
indignación de otros, ya que los ciudadanos perciben
nítidamente que se premia al infractor, que nunca se derriba
nada y que todo se termina por legalizar. La inmensa mayoría
de los propietarios y constructores de viviendas ilegales
conocían perfectamente su ilegalidad y pese a ello se han
aprovechado de la connivencia activa o pasiva de la Ciudad.
En este sentido, el Gobierno
de Vivas viene mostrando su interés para realizar un
diagnóstico y dar la respuesta idónea, pero hasta ahora no
ha existido una acción decidida. Frente a la ilegalidad el
Ejecutivo no puede seguir mirando para otro lado, hay que
actuar ya, se debe hacer un análisis exhaustivo de las
viviendas ilegales que existen en la ciudad, y después
proceder frente a eso. Deben actuar todas las
administraciones a las que le corresponda, aunque sea un
tema un poco escabroso. No se puede seguir con la manos
cruzadas mientras proliferan este tipo de viviendas y es un
tema que se debe atajar. Y la única solución eficaz es la
demolición: nadie se hace una casa si sabe que la del vecino
se la echaron abajo y perdió toda su inversión.
|
OPINIÓN / EDITORIAL
