Desde CSI-F se ha querido
trasladar al Ministro de Educación, Cultura y Deportes la
preocupación por la situación que atraviesan los
profesionales de la educación, el profesorado, y la
educación pública española en su conjunto.
Desde el sindicato se ha resaltado
que esta preocupación llega a toda la comunidad educativa
ante la respuesta de las CCAA a la implantación de la LOMCE
para el próximo curso: 2º, 4º y 6º Primaria; 1ª Prueba
Evaluación Final (sin efectos académicos); 1º y 3º ESO; 1º
Bach. Y 2º FPB.
Para la central sindical, la
educación pública española “viene retrocediendo los últimos
años como consecuencia de los enormes recortes producidos en
partidas fundamentales. Los PGE en educación se han reducido
los últimos cuatro años en más de 7’5 mil millones de
euros”.
En este sentido se ha recordado
que el MECD ha recortado -920 millones (-29’66%), mientras
que las CCAA lo han hecho en -5.500 millones € (-12’97%). La
partida de educación compensatoria se ha reducido en un -92%
y la formación permanente del profesorado en un -14%.
Toda esta situación ha llevado a
los centros públicos a perder, tal y como indica CSI-F, más
de 32.000 profesores, al tiempo que ha aumentado el número
de alumnos en 350.000.
Igualmente, el sindicato resalta
que los salarios del profesorado se han visto reducidos
considerablemente, habiendo perdido cada Maestro más de
12.000 € y los Profesores de Secundaria más de 18.000 €. La
pérdida de poder adquisitivo de estos años supera el 30%.
Y CSI-F critica que no ha existido
interlocución, diálogo ni negociación en los últimos tres
años y medio, manifestando que “la negociación del reclamado
y necesario Estatuto Docente ha sido una tomadura de pelo de
los responsables del MECD a todo el profesorado, no siendo
capaces de entregar un solo documento a los sindicatos”.
Para CSI-F, la figura del
maestro-profesor se ha deteriorado, perdiendo consideración
y reconocimiento la labor docente, además de que se ha
producido un tremendo empeoramiento de las condiciones
laborales y profesionales de los docentes como consecuencia
de la aplicación de los RD 14/2012 y 20/2012: Aumento de su
jornada laboral; Aumento del número de alumnos por aula;
Aumento de responsabilidades; Pérdidas retributivas por
bajas laborales; Inestabilidad y precariedad laboral:
contratos parciales y por horas; y Congelación o limitación
de las ofertas de empleo.
Por todo lo anterior CSI-F ha
instado al ministro de Educación a que active la Mesa de
Negociación de Personal Docente aprobada por el RD-ley
1/2015 de 27 de febrero, de mecanismo de segunda
oportunidad, en su artículo 5 disposición adicional 13ª:
“Mesas de negociación en ámbitos específicos”.
Coincidiendo con la apertura del
Diálogo Social en el ámbito de las Administraciones
Públicas, CSI-F reclama un calendario de recuperación de lo
arrebatadoen los últimos años, que pasa por la derogación
del RD 14/2012.
Entre esta recuperació se
encontraría la reducción a 18 horas lectivas/semana la
jornada del profesorado de Secundaria; la reducción del
número de alumnos/aula que favorezca una enseñanza
personalizada y una mejor convivencia escolar; el
mantenimiento de las retribuciones al 100% ante bajas por
enfermedad; la reducción de las tareas burocráticas que
desarrollan los profesores, especialmente los equipos
directivos; la recuperación de las plantillas docentes con
ofertas de empleo nunca por debajo del 100% de la
reposición; la recuperación de los salarios de los
profesores y establecimiento de una cláusula de revisión
salarial; campañas de dignificación y reconocimiento de la
labor docente; la elaboración de un Plan Integral de Mejora
de la Vida Académica y Educativa; así como un nuevo diseño,
práctico y efectivo, del Observatorio Estatal por la
Convivencia.
Por último, CSI-F indica que
la educación pública española lleva muchos años siendo
utilizada como un instrumento al servicio de los partidos
políticos. Los numerosos y variados sistemas educativos de
los últimos 25 años han estados marcados por las ideologías,
y no por el sentido común, que recomienda un pacto de
Estado, político y social, que dote de estabilidad y
consenso el sistema educativo para varias generaciones.
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