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Si no fuera por la gravedad
de los hechos, todo lo que viene ocurriendo entorno a la
adjudicación de las 317 VPO de Loma Colmenar parecería
escrito por Groucho Marx; ya saben eso de “la parte
contratante de la primera parte será considerada como la
parte contratante de la primera parte”. A este ritmo la
“lista fantasma” va a convertirse en el culebrón de verano.
Con un Antonio Lopéz desaparecido desde que hizo público su
comunicado y con una oposición más callada que en misa desde
la pasada semana, ha sido el Partido Popular, a través de su
Secretaria General, y el Gobierno de la Ciudad, en la
persona de su presidente, los que han dado cuerda al asunto.
Lo que sorprende en este sentido, es que después de
transcurrir veinte días desde la publicación del listado de
adjudicatarios, en los que han ido interveniendo
públicamente para dar explicaciones tanto la exconsejera de
Fomento, Susana Román, el portavoz del Gobierno, Jacob
Hachuel, el nuevo responsable de vivienda, Nestor García
(con artículo de opinión incluído), como la Secretaria
General de PP, Yolanda Bel, haya tenido que ser finalmente
el presidente Vivas el primero en hablar claro, sin tapujos
y de frente, desvelando que López le “amenazó” con “reventar
esto” si no le daba un cargo en la Ciudad.
En este sentido, conociendo el carácter del presidente y
observando la rotundidad con la que se expresó ayer, es
seguro que Vivas tiene pruebas fehacientes en su mano para
manifestarse así. Pero precisamente por ello, lejos de
cerrar el asunto, las palabras de Vivas dan lugar a nuevas
preguntas: ¿Por qué no tomó medidas y denunció
inmediatamente dichas amenazas? Y en todo caso, ¿por qué el
Gobierno no incluyó estos gravísimos hechos en la denuncia
presentada en los juzgados a raíz de la publicación del
listado? Muchas preguntas sin responder. Y como también
diría Groucho Mars: “Más madera ...”
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OPINIÓN / EDITORIAL
