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Mucho se ha hablado –y se seguirá hablando– estos días de la
promoción de 317 viviendas de protección oficial en Loma
Colmenar. Pero pese a la multitud de voces ha sido difícil
encontrar alguna que lo hiciera desde la búsqueda de la
objetividad y el interés general. Por este motivo, para
responder a las visiones subjetivas, a las medias verdades y
a las mentiras y, sobre todo, para que el ciudadano, y en
particular todos los demandantes de vivienda, sepan qué ha
hecho su Gobierno, me he decidido a escribir este artículo.
En primer lugar, y aunque el
Gobierno ha sido claro desde el primer minuto, vayamos a la
génesis del caso: la publicación en un medio de comunicación
de una relación de nombres que se presentaban como los
adjudicatarios de la promoción. Jurídicamente resulta
imposible otorgar valor alguno a esta relación, puesto que
ya no es que el procedimiento no hay sido legal, sino que no
podemos hablar ni tan siquiera de procedimiento. No hubo
convocatoria, no hay constancia de que se haya efectuado una
baremación de entre los solicitantes, no existe resolución
de adjudicación y no se conoce que se haya realizado la
preceptiva comprobación de los datos.
Según el artículo 15 del
Reglamento de Adjudicaciones en Materia de Vivienda para
efectuar una adjudicación se debe realizar una convocatoria
expresa para la presentación de las solicitudes, salvo que
se decida aceptar a todas las personas incluidas en el
Registro de Demandantes de Vivienda. Pero la lista que se
publica no se presenta como una relación provisional de
adjudicatarios, sino como la definitiva, lo que debería
significar que se hubiera verificado y actualizado los datos
de todos y cada uno de los demandantes de vivienda, que es
la única manera de saber a quién le corresponde una
vivienda. Se trata no solo de verificar sino también de
actualizar la información. La razón es lógica y sencilla:
alguien se puede registrar como demandante de vivienda en un
momento en el está en paro y tiene hijos a su cargo, pero
actualmente puede tener trabajo y sus hijos haberse
emancipado, o alguien puede registrarse como soltero y unos
ingresos mensuales de 800 euros y ahora puede tener los
mismos ingresos, pero con una pareja y cuatro hijos que
depende de su salario. Este trabajo, según el Reglamento, lo
debe realizar una Ponencia Técnica que no se constituyó,
como tampoco se tiene constancia de que esta labor se
hiciera por ninguna otra vía; una tarea que, por otro lado,
habría sido ingente, ya que requeriría la comprobación de
los datos de todos y cada uno de los miles de demandantes
(Declaración de la Renta, Registro de la Propiedad, vida
laboral...). Y esto es algo que nunca se hizo.
De las acusaciones sin
fundamento a la confianza ciega
Llegados a este punto, hay quienes
dicen que se comprueben los datos de los nombres que
aparecen en la lista y que se le dé la vivienda a quienes
los cumplan, pero nadie que vea el caso con la más mínima
objetividad puede ni tan siquiera plantearse esa
posibilidad, puesto que sería tanto como otorgar un derecho
preferencial sin motivo que lo justificara. Es una propuesta
insostenible desde el punto de vista legal y desde el mero
sentido común. Y los partidos que abogan por esta solución
deberán explicarnos si simplemente están tratando de ganarse
el voto de las personas de la lista y hacer daño al
Gobierno, o si hay algún otro motivo oculto que les mueve a
defender semejante aberración jurídica. De otra manera no se
puede entender que a la oposición le pueda no solo parecer
bien sino hasta defender que la Administración tenga
(supuestamente) en marcha un proceso y que se lo oculte,
tanto en su calidad de diputados como de miembros de la
Comisión Local de Vivienda.
Especialmente curioso es que lo
hagan partidos que no estaban representados en la Asamblea
en la anterior legislatura y que, por tanto, la única manera
de poder ofrecer su postura para la adjudicación de esta
promoción era esperar a que se constituyera la nueva
Comisión surgida de las pasadas elecciones, lo que no ha
ocurrido hasta esta semana. Y especialmente sonrojante
debería ser para quien permanentemente se ha dedicado a
acusar al Gobierno de falta de transparencia y de
información, y atribuía un “halo de sospecha” a cualquier
lista de adjudicatarios de viviendas, de beneficiarios de
planes de empleo o cualquier procedimiento de contratación.
Al parecer, la información no la necesitan y el halo de
sospecha se ha transformado en confianza ciega. Y más
sonrojante debería ser si, para colmo, lo primero que
hicieron fue defender el sorteo.
La prueba de la denuncia
El ejercicio de funambulismo
político no termina ahí. Los partidos han llegado a
compatibilizar la defensa la lista –“conforme a los
criterios” y hasta resultado de “muchas comprobaciones” han
llegado a decir– con acusaciones al Gobierno de
“oscurantismo” y de negarse a investigar los hechos. Pero,
¿qué es exactamente lo que habría que investigar si la lista
responde a un procedimiento que ha cumplido escrupulosamente
con la legalidad? Lo cierto es que el Gobierno no solo
defiende una investigación, sino que la ha puesto en marcha
poniendo el caso en manos de la justicia, tal y como anunció
el primer día. ¿Puede haber una demostración mayor de
voluntad de aclarar los hechos? ¿Tendría el más mínimo
sentido que si la lista es “a todas luces oficial” como dice
algún partido de la oposición, el Gobierno no le dé validez
y lo denuncie en los juzgados? Y ya hemos dicho que no
tenemos el más mínimo problema en crear una Comisión de
Investigación en el seno de la Asamblea, pero que nadie
insulte a la inteligencia otorgándole a ésta más valor que a
una investigación judicial.
En esta sarta de medias verdades y
otras mentiras, se presenta como argumento las instrucciones
que dio a los trabajadores de Emvicesa su jefe el
exviceconsejero de Vivienda para que prepararan los
contratos y llamaran a los supuestos adjudicatarios, aún
cuando no existiera ni convocatoria ni resolución de
adjudicación, y se obvia las instrucciones que este señor
había recibido de sus superiores, la consejera de Fomento y
el presidente de la Ciudad, para que no se iniciara el
procedimiento de adjudicación hasta que se celebraran las
elecciones y se constituyera la nueva Comisión Local de
Vivienda. Nada de esto esto les parece extraño, como tampoco
que Emvicesa hubiera adjudicado las casas (hasta el punto de
pretender empezar a firmar los contratos) sin que lo supiera
la presidenta del Consejo de Administración ni el presidente
de la Ciudad, ni tampoco les sorprende que la lista se
publique prácticamente al día siguiente de que tomara
posesión el nuevo Gobierno y cuando el señor López estaba
cesado, ni tampoco que la comunicación pública de la
adjudicación se realice de manera sorpresiva y mediante la
filtración a un único medio de comunicación. Todo esto, la
falta de procedimiento, de resolución y la ocultación es
algo que no les despierta la más mínima suspicacia. Ver para
creer…
Limpieza y derechos
intactos
Frente a este modelo de
adjudicación ilegal y opaco que parecen defender algunos
partidos de la oposición, el Gobierno –cierto es, empujado
por los acontecimientos– ha optado por hacer lo que tenía
pensado desde hace muchos meses: esperar a la constitución
de la nueva Comisión Local de la Vivienda para someter a su
consideración cuáles debían ser los criterios de
adjudicación. Nos hubiera gustado lograr la unanimidad, pero
lo cierto es que dos no se entienden si uno no quiere. En
cualquier caso, la Comisión ha optado por un doble sistema
de adjudicación consistente en la atención de situaciones
singulares (47 viviendas para necesidades derivadas de
actuaciones urbanísticas, correspondientes al PERI de
Príncipe Felipe y a Escuelas Prácticas, cinco para víctimas
de violencia de género, 12 para discapacitados y 50 casas
para familias en situación de extrema necesidad), y el
sorteo de las 203 viviendas restantes (con un grupo de 75
para beneficiarios del Programa de Alojamiento Alternativo
de Asuntos Sociales y 128 para todos los demandantes del
registro oficial, sin límite mínimo de renta y con unos
ingresos máximos de 2,5 veces el IPREM).
Somos conscientes de que
seguramente a los únicos demandantes a los que el proceso
les resultará satisfactorio son a los 317 que se conviertan
en adjudicatarios, pero este sistema es el único que estaba
en nuestras manos capaz de garantizar a los ciudadanos que
al menos el proceso, además de legal, es limpio y
transparente; un aspecto que siempre es importante, pero que
nadie discutirá que en este caso ha multiplicado
exponencialmente su relevancia. Porque realizar una
baremación y adjudicación directa de las viviendas, hubiera
sido interpretado por muchas de esas voces de las que
hablaba al principio del artículo como la manera de cambiar
una lista por otra (poco se puede esperar cuando la
oposición ha llegado a decir que el sorteo responde a
intereses “espurios”).
Pero, con todo el respeto,
quiero que quede claro que nadie en este caso puede sentirse
como un perjudicado o un damnificado porque nadie fue nunca
un adjudicatario (ni tan siquiera provisional, y menos
definitivo). Eso sí, esto en ningún caso significa que las
personas que aparecieron en esa relación no puedan terminar
siendo los propietarios de una de las viviendas de la
promoción (no tienen ni una posibilidad menos que nadie),
pero solo lo serán si les corresponde en el proceso de
adjudicación que, ahora sí, se ha puesto en marcha. Sus
derechos siguen intactos, como también los del resto de
demandantes que no aparecían en la lista. La diferencia es
que antes a estos últimos no les podíamos garantizar que se
hubieran respetado sus derechos, y ahora sí.
* Consejero de Fomento
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OPINIÓN
/ADJUDICACION PROMOCIÓN 317 VPO DE LOMA COLMENAR
