|
El Gobierno de Ceuta apoyó ayer la propuesta de déficit para
las administraciones autonómicas que ha presentado el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que acudió en
representación de la Ciudad Autónoma la consejera de
Economía, Hacienda y Administración Pública, Susana Román.
“Ceuta está absolutamente comprometida con el Gobierno
central para consolidar el crecimiento económico y la
creación de empleo”, manifestó Román al término de la
reunión, que ha presidido el ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera se han
establecido los objetivos de déficit para las comunidades
autónomas en los tres próximos ejercicios, una circunstancia
que no afecta a Ceuta. Desde el 0,7 % en el que se situó
este año, en 2016 será un 0,3 %, un 0,1 % al año siguiente y
un 0 % (equilibrio presupuestario) en 2017, tal y como está<
fijado en el Programa de Estabilidad para el periodo
2016-2018. En este sentido, la consejera del Gobierno de
Ceuta resaltó la importancia que está teniendo el control
del déficit público a la hora de afianzar el crecimiento
económico y expresó su apuesta por la estabilidad
presupuestaria.
Motín autonómico
En este sentido, un total de nueve Comunidades Autónomas han
votado en contra de los objetivos de déficit y deuda para el
trienio 2016-2018 en el Consejo de Política Fiscal y
Financiera, en el que el Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas ha utilizado en segunda vuelta su
mayoría para aprobar las cifras. Otros seis votos han sido a
favor y ha habido una abstención.
Las nueve autonomías que han rechazado las cifras son
Canarias y Cataluña y las siete gobernadas por el PSOE:
Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, Baleares,
Comunidad Valenciana y Andalucía. Las que han votado a favor
son las cuatro gobernadas por el PP excepto Castilla y León:
La Rioja, Galicia, Madrid y Murcia, así como Ceuta y
Melilla. La Junta que dirige Juan Viciente Herrera ha optado
por la abstención. Cantabria, Navarra y País Vasco no han
participado en la votación. Los gobiernos críticos han
coincidido en acusar a Hacienda de imponer un reparto del
déficit entre administraciones que perjudica a las
comunidades y beneficia, a su juicio, al Estado, al que da
más margen cuando son ellas las que asumen las políticas más
costosas: educación, sanidad y servicios sociales.
|
REUNIÓN
