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El agente del Cuerpo Nacional de
Policía que fue detenido el pasado día 30 de mayo acusado de
dejar pasar a un inmigrante ilegalmente en el control de
embarque del puerto se encuentra actualmente en prisión,
después de una rectificación del juez que instruye la causa.
En efecto, el agente fue puesto el
jueves día 2 de julio en libertad con cargos, una vez que
había prestado declaración ante la autoridad judicial. El
hecho sorprendió en ámbitos judiciales y policiales.
Conocida esta resolución judicial,
desde el Ministerio Fiscal se recurrió la decisión del juez
encargado el caso y éste finalmente, decidió ayer por la
mañana revocar su decisión inicial y decretó finalmente
prisión provisional comunicada, sin fianza.
Desde el momento de su detención,
al agente le fue retirada su arma reglamentaria.
Estación marítima
Los hechos se producían en la zona
de preembarque de la estación marítima de Ceuta. Un
individuo, con nacionalidad española y residente en Ceuta,
iba acompañado por un marroquí. Atravesó el control de
embarque, donde se encuentra el escáner y el arco de
detección de metales, y ya se dirigía al barco cuando fueron
ambos interceptados.
La Policía llevaba un tiempo
haciendo un seguimiento tanto de la persona que acompañaba
al inmigrante como del agente de Policía, de manera que aún
después de haber franqueado el control inicial de
preemabarque, antes de que pudieran acceder a la embarcación
que se dirigía a Algeciras, el marroquí y su acompañante
fueron de nuevo requeridos para su identificación. Resultó
que el marroquí sólo tenía pasaporte del vecino país, por lo
que no podía legalmente embarcar hacia la otra orilla del
Estrecho.
Se comprobaron las grabaciones de
las cámaras de seguridad y fruto de las gestiones realizadas
por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, se procedió
a la detención del funcionario policial, así como la del
hombre que acompañaba al marroquí. También fue detenido este
último ya que al parecer tenía causas pendientes con la
justicia. En efecto, del visionado de las cámaras de
seguridad se desprendería que el agente habría actuado
ilegalmente, permitiendo el pase de la persona que sólo
portaba el pasaporte marroquí.
Así las cosas, el jueves de la
pasada semana fue puesto en libertad con cargos, pero
finalmente ayer se dictó su ingreso en prisión sin fianza.
El agente se enfrenta a una pena
de prisión de entre cuatro y ocho años además de a una
inhabilitación de entre seis y doce años. Esto se produce en
base a una supuesta vulneración del artículo 318 bis del
Código Penal, sobre delitos contra los derechos de los
ciudadanos extranjeros.
En el texto legal se señala que el
que intencionadamente ayude a una persona que no sea
nacional de un Estado miembro de la Unión Europea a entrar
en territorio español o a transitar de un modo que vulnere
la legislación sobre entrada o tránsito de extranjeros, será
castigado con una pena de multa de tres a doce meses o
prisión de tres meses a un año.
Penas
Ahora bien los hechos serán
castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años
cuando concurran determinadas circunstancias. El primero de
los supuestos sría cuando os hechos se hubieran cometido en
el seno de una organización que se dedicara a la realización
de tales actividades.
La inhabilitación se añade cuando
en las mismas circunstancias anteriormente reseñadas
incurrieran quienes realicen los hechos prevaliéndose de su
condición de autoridad, agente de ésta o funcionario
público.
Los tribunales, teniendo en cuenta
la gravedad del hecho y sus circunstancias, las condiciones
del culpable y la finalidad perseguida por éste, podrán
imponer la pena inferior en un grado a la respectivamente
señalada.
Por otra parte, la operación que
llevó a la detención del agente de la Jefatura del Cuerpo
Nacional de Policía en Ceuta y del ciudadano residente en la
ciudad que supuestamente colaboraron para introducir
ilegalmente en la península a un marroquí, continúa abierta,
según las fuentes consultadas.
En este sentido, no se
descarta que se pudieran producir nuevas detenciones en el
marco de la operación emprendida para perseguir los delitos
contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
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tribunales
