Las obras ilegales siguen siendo una realidad en la ciudad y
el Gobierno quiere acabar con ellas imprimiendo más agilidad
a los procesos para derribar las construcciones que no
cumplen con la ley. Y es que, hasta ahora, la demora de los
expedientes en las oficinas de Fomento ha llevado a que
cuando se iba a ejecutar la demolición la obra ya estuviera
terminada y las familias viviendo dentro. Para evitar eso,
el Gobierno ha tomado la decisión de redoblar el esfuerzo y
coordinar el trabajo de la Policía Local con Fomento. En la
actualidad, una patrulla de agentes locales se encarga de
vigilar posibles obras ilegales y denunciarlo. Pero según
explicó el portavoz del Ejecutivo, Jacob Hachuel, la falta
de personal en Fomento no hacía ágil el proceso para
determinar su derribo. Ahora se pondrán más medios a
disposición de este fin para lograr “la inmediata demolición
de la obra ilegal que se denuncie”. Eso sí, Hachuel aclaró
que, en ningún caso se habla de las construcciones donde
haya familias viviendo. Un supuesto que se seguiría por otro
procedimiento.
Quince denuncias
En el último mes, informó el portavoz del Gobierno, esta
patrulla de la Policía Local ha denunciado 15 obras ilegales
en la ciudad. Además, recordó, se persigue tanto a los
promotores de dichas obras, que suelen ser los propietarios
de las casas que se amplían o de los terrenos, como a los
obreros, que suelen proceder en su mayoría del país vecino.
No obstante, no es tarea fácil y así lo señaló para contar
cómo cuando llegan los agentes de Policía estos trabajadores
ilegales suelen salir huyendo. Por otro lado, Hachuel
también explicó ayer que el Gobierno se ha fijado como una
prioridad agilizar la concesión de licencias urbanísticas.
Algo que el portavoz calificó como una “necesidad imperiosa”
ya que la concesión, en la actualidad, se demora demasiado
por falta de personal y medios.
Trámites muy lentos
“Se solicitan licencias de muchos tipos y se ha detectado
que se tarda demasiado tiempo en otorgarse”, reconoció
Hachuel para señalar que se ha tomado la decisión de dotar
de los medios necesarios, tanto humanos como materiales, a
este servicio precisamente que para que no pase más de dos
semanas, tres o un mes desde que la licencia se solicita
hasta que se otorga. Eso sí, considerando que las del mes
pudieran tener alguna incidencia. “Aquellas en las que no
concurran incidencias tienen que estar de forma muy ágil y
muy rápida”, hizo hincapié Hachuel.
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