Samia, Yamal y sus cuatro hijos vivieron ayer el momento que
más temían: ser desalojados de la casa de Defensa que
ocupaban desde hace seis años. La familia esperó hasta el
último momento que el Gobierno interviniera y paralizará su
salida de la vivienda, pero no fue así. La orden de desalojo
se ejecutó por los funcionarios del juzgado y Defensa cambió
la cerradura de la casa, cuyo futuro es ser derribada ya que
en el terreno se contempla la construcción de un nuevo vial.
Mientras, Samia y su familia han sido dirigidos a un hostal,
aunque ‘in extremis’, porque ayer Servicios Sociales
aseguraba que los dos ocn los que trabajan están completos.
No obstante, finalmente se encontró un espacio para la
familia en uno de ellos, donde estarán, al menos quince
días. Un plazo en el que esperan encontrar una vivienda de
alquiler que Servicios Sociales se ha comprometido a
sufragar.
La familia esperaba no tener que ir a ningún hostal. Ellos
buscaban un alquiler que pudieran sufragar para dejar la
casa militar, pero ante la imposibilidad de cumplir con los
requisitos que imponen los caseros, como una nómina y pagar
una fianza, no les había sido posible. Por ello, pedían que
se les dejara continuar en la casa, ya que va a ser
derribada. Sin embargo no fue así y a la hora marcada, las
once de la mañana, los funcionarios del juzgado acudieron a
Cría Caballar para cumplir la sentencia. Antes, se habían
vivido horas de mucha expectación en los que las emociones
estaban a flor de piel.
Apoyo del PSOE
Desde las nueve de la mañana, familiares, amigos y gente que
está en la misma situación que Samia, como ocupas, se fueron
acercando hasta la vivienda para apoyar a esta familia.
Además, también acudieron varios miembros del PSOE. Tanto su
portavoz en la Asamblea, Manuel Hernández, como el
secretario de Política Social, Pablo Núñez, estuvieron con
la familia en todo momento. Ambos realizaron gestiones para
evitar el fatídico desenlace, pero no consiguieron parar el
desalojo.
Hernández se puso en contacto con la vicepresidenta primera
de la Asamblea, Rocío Salcedo, para pedirle que hablara con
el presidente de la Ciudad, pero esta, al parecer, le
trasladó que se encontraba reunido y que no se le podía
molestar. Mientras, Núñez puso en contacto a los
funcionarios del juzgado con una asistenta social que
atendió a Samia en cuanto terminó de sacar todas sus
posesiones de la vivienda.
El peor momento se vivió una vez que llegaron los dos
funcionarios del juzgado, encargados de ejecutar la orden de
desalojo. Varios agentes de la Policía Nacional se
encontraban en la zona por si la familia oponía resistencia,
pero no fue así. Samia, en cuanto le transmitieron la orden,
comenzó a recoger sus pertenencias con mucha resignación y
lágrimas en los ojos. Mientras, su marido, no pudo evitar
estallar y soltar toda la angustia acumulada en los últimas
semanas, en las que la orden de desalojo ha pesado sobre
ellos. Yamal cuestionaba a gritos desesperados dónde se
encuentran los derechos de los menores. Asimismo, lamentaba
que el PP hubiera llamado a su puerta para pedir el voto y
ayer no acudiera nadie para darles una solución.
“Mis hijos no son animales para echarlos a la calle”, decía
Yamal para lamentar que “el pobre siempre acaba en la
calle”. Además, también denunció que “si pagas te dan una
casa, si no, una patada”. Mientras, sus familiares y amigos
le aconsejaban que se calmara.
Ya al mediodía, un funcionario de Defensa cambio la
cerradura de la casa de Cría Caballar. Mientras, en la calle
quedaban las pertenencias de Samia y su indignación.
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