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Uno de los principales problemas
de España es, sin lugar a dudas, el de los desahucios; un
problema más bien humanitario que hipotecario. Nadie con un
poco de formación económica defiende que no se paguen las
deudas que un ciudadano contrae, una de las bases para que
en un país tenga la estabilidad económica imprescindible
para su buena marcha; sin embargo, muchas veces se envía a
familias a la calle que no es que no quieran pagar, sino que
les es totalmente imposible hacerlo. Nadie, en la España del
siglo XXI, debería quedarse en la calle como consecuencia de
los efectos de la crisis económica. Ese es un axioma que
debería cumplirse a rajatabla. Tener un lugar para vivir es
una cuestión que afecta a la dignidad de las personas y a su
desarrollo social, personal, familiar o afectivo. Cuando un
derecho, recogido por la Constitución (art. 47), se deja en
manos de la economía especulativa, se está poniendo en
peligro el acceso libre de la población a este derecho
fundamental.
El Movimiento por la
Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha anunciado este martes que
va a instar al Gobierno de Vivas a que ejecute y desarrolle
de manera inmediata “un plan de emergencia real e inmediato
que ponga fin a la carencia y debilidad de recursos de
alojamiento existentes en la actualidad”. Una buena
iniciativa. La acción en defensa de los desahucios debe ser
mucho más eficaz y comprometer a todos en un plan coordinado
de ayuda a los afectados. La escalada de desahucios, aparte
de los problemas personales que provoca, y que en algunos
casos han llevado al suicidio, está creando una auténtica
alarma social y un evidente riesgo de exclusión para muchos
ciudadanos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
