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La Junta de Portavoces celebrada ayer no despejó ninguna de
las incógnitas en torno la polémica de la adjudicación de
las 317 VPO de Loma Colmenar. Susana Román, portavoz del
Grupo Popular, no aclaró nada sobre el listado de
adjudicatarios publicado por EL PUEBLO, más allá de repetir
que “no es oficial”. En este sentido, Román se está
mostrando reacia a reconocer claramente que el listado de
adjudicatarios salió de Emvicesa, que fue elaborado en
Emvicesa y por empleados de Emvicesa, y que además, tomando
como referencia el citado listado, se elaboraron los 317
contratos firmados y sellados por Emvicesa, desde donde se
comenzó a llamar a los adjudicatarios.
Este debería ser el punto de partida para intentar encontrar
una explicación a esta situación embarazosa. Por lo demás,
llegados a este punto, el Gobierno de Vivas ha hecho lo que
debía hacer, trasladar al Decanato de los Juzgados de Ceuta
el relato de los hechos acontecidos en Emvicesa, aunque se
esperaba más concreción, ya que no ha precisado el posible
ilícito penal ni el hipotético delincuente. Además el
Ejecutivo local ha encargado un informe técnico al nuevo
director general de Fomento, Emilio Lozano, que se basará en
una investigación interna para averiguar detalles sobre lo
ocurrido. Medidas acertadas por parte del Gobierno de Vivas
y en las que se encuentran de acuerdo todos los grupos de la
oposición.
Donde no parece existir el mismo acuerdo es en la forma de
proceder a la adjudicación. Mientras la Ciudad ha decidido
empezar “desde cero” el proceso de adjudicación, algunos de
los partidos de la oposición defienden que se respete la
lista de adjudicatarios publicada y que se excluya a quienes
no cumplan los requisitos. Una situación difícil de resolver
y que no dejará contento a nadie.
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OPINIÓN
