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OPINIÓN - LUNES, 29 DE JUNIO DE 2015

 
OPINIÓN / EDITORIAL

Una vivienda digna

La polémica surgida en torno a la adjudicación de las 317 viviendas de protección oficial de Loma Colmenar, ha puesto al descubierto multitud de dramas personales, de aquellos que tienen la necesidad imperiosa de tener una vivienda digna que, a parte de un bien de primera necesidad, es un derecho recogido por distintas declaraciones o cartas magnas. La Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1, declara que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”. El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales declara que “Toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuadas (…)”. El artículo 47 de la Constitución Española declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” e incluso que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”.

Pero a pesar de todas estas declaraciones, el acceso a la vivienda se ha convertido en un auténtico drama, ¿por qué? En España, en lugar de desarrollar leyes que garanticen el acceso a una vivienda digna, se ha construido un paraíso para aquellos que han querido convertir la vivienda en una mercancía con la que especular: liberalización del crédito y del suelo, una ley hipotecaria diseñada para beneficiar a la banca, una infradesarrollada política pública de vivienda, etc. En lugar de promover condiciones para hacer efectivo el derecho a la vivienda, se han generado las necesarias para convertir al “ladrillo” en uno de los dos principales motores económicos de este país. Con esto se ha consiguido que en España el precio de la vivienda subiera de 300 euros el metro cuadrado en 1985 a 2.900 euros en 2007. No se desarrolló un derecho, se alimentó una burbuja inmobiliaria.
 

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