La polémica surgida en torno a la
adjudicación de las 317 viviendas de protección oficial de
Loma Colmenar, ha puesto al descubierto multitud de dramas
personales, de aquellos que tienen la necesidad imperiosa de
tener una vivienda digna que, a parte de un bien de primera
necesidad, es un derecho recogido por distintas
declaraciones o cartas magnas. La Declaración Universal de
Derechos Humanos en su artículo 25, apartado 1, declara que
“Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que
le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar,
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda (…)”.
El artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales declara que “Toda persona
tiene el derecho a un nivel de vida adecuado para sí misma y
para su familia, incluyendo alimentación, vestido y vivienda
adecuadas (…)”. El artículo 47 de la Constitución Española
declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada” e incluso que “los poderes
públicos promoverán las condiciones necesarias y
establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho”.
Pero a pesar de todas estas declaraciones, el acceso a la
vivienda se ha convertido en un auténtico drama, ¿por qué?
En España, en lugar de desarrollar leyes que garanticen el
acceso a una vivienda digna, se ha construido un paraíso
para aquellos que han querido convertir la vivienda en una
mercancía con la que especular: liberalización del crédito y
del suelo, una ley hipotecaria diseñada para beneficiar a la
banca, una infradesarrollada política pública de vivienda,
etc. En lugar de promover condiciones para hacer efectivo el
derecho a la vivienda, se han generado las necesarias para
convertir al “ladrillo” en uno de los dos principales
motores económicos de este país. Con esto se ha consiguido
que en España el precio de la vivienda subiera de 300 euros
el metro cuadrado en 1985 a 2.900 euros en 2007. No se
desarrolló un derecho, se alimentó una burbuja inmobiliaria.
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