Una explicación. Esto es lo que busca José, un joven de 24
años, padre de dos niñas de las cuales una tiene una
minusvalía del 40%, y que lleva seis años como solicitante
de una vivienda de protección oficial. Tras ver el listado
inicial elaborado por Emvicesa, este hombre se ha sentido
indignado. Ha visto como dos familiares suyos, uno por su
parte y otro por su mujer, sin cargas familiares y que
llevan el mismo tiempo de espera que él, aparecen en las
listas, mientras que su familia se ha quedado al margen a
pesar de que, por la discapacidad de su hija, les habían
dicho que tenían más opciones.
“No exijo una vivienda, pero sí una explicación”, aclara
este joven que no entiende cómo personas que, a priori,
parecen cumplir menos requisitos, pueden ser adjudicatarios
de unas viviendas mientras que otras familias, con más
urgencia, se quedan al margen. “Igual ellos han entrado en
un cupo de jóvenes y yo me quedo fuera porque el cupo de
discapacitados ya se ha cubierto, pero lo que quiero es que
me lo digan y me lo aclaren”, matiza.
Todas las puertas cerradas
Desde el jueves, José ha intentado hablar con personal de
Emvicesa o del Ayuntamiento, pero todas las puertas están
cerradas. Él sólo pide que se revise su expediente y que el
proceso de adjudicación sea justo y transparente. Si no
recibe esta explicación, está dispuesto incluso a
encadenarse a las puertas del Palacio Autonómico. Algo que
no pretende ser una amenaza, pero sí una muestra de
indignación ante una posible adjudicación de viviendas que
le parece injusta.
Aunque este hombre es consciente de que el Gobierno ha dicho
que el listado no será el definitivo, teme que nada cambie.
Por ello, José ha pedido ya días libres en su trabajo para
ir hasta las puertas del Ayuntamiento en busca de una
explicación. Mientras, sobre el recae un desalojo, ya que le
han avisado que tiene que dejar la casa en la que vive de
alquiler porque la dueña la ha vendido.
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