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La publicación por parte de ‘El
Pueblo’ del listado OFICIAL de adjudicatarios de las 317
viviendas protegidas de la promoción pública de Loma
Colmenar, tuvo ayer un impacto brutal e inesperado en la
Administración Local. Tanto es así que el presidente Vivas
anuló toda su agenda, creó un gabinete de crisis, se
cerraron al público las oficinas de Emvicesa y la consejera
Susana Román se vio obligada a comparecer ante los medios de
comunicación. No era lo que pretendíamos. Solo buscábamos
cumplir con nuestra obligación de informar sobre una
cuestión tremendamente importante para muchos ceutíes.
Nadie esperaba esa reacción del Gobierno de la Ciudad, y las
manifestaciones realizadas por Román, más que aclarar y
calmar la situación, la agravó infinitamente más. Y eso que
el Gobierno lo tenía fácil. Solo bastaba con decir la
verdad. Sin dobleces. Sin ambages. Bastaba contar que el
listado existía, que era oficial, que ya se había llamado a
unos 100 adjudicatarios para firmar los contratos y para
hacerles entrega de las llaves, dejando claro que lamentaban
mucho que se hubiera filtrado la información antes de lo
deseado y que se investigaría como había podido suceder.
Punto y final.
Pero no. El Gobierno optó ayer por mantener una postura
incomprensible y políticamente indefendible, basada en
incorrecciones, medias verdades e insinuaciones. Román
prefirió, por un lado, centrar todas las dudas, que ella
sola creó, en el eslabón más débil, Antonio Lopéz, del que
ya se conocía que no continuaría formando parte del
Gobierno. Y otro lado, poner en duda la veracidad de la
información publicada por ‘El Pueblo’, defendiendo que la
lista publicada no era oficial “ni ha sido sometida a ningún
procedimiento legal en Emvicesa: no es formal ni reglada ni
ordenada y para nosotros no existe”, ya que, según ella, no
había pasado “ni por el Consejo de Administración ni por la
Comisión Local de la Vivienda”.
En este sentido, lo afirmado por Román nos obliga aclarar
que ella conocía perfectamente la existencia del listado de
adjudicatarios y que incluso, estaban ya redactados,
firmados y sellados por parte de Emvicesa los 317 contratos
de adjudicación de acuerdo con el listado publicado ayer,
además de los boletines de luz y agua. Que, además, dicho
listado no tiene que pasar por el Consejo de Administración,
ya que las viviendas son titularidad de la Ciudad Autónoma y
no de la sociedad. Ni tampoco tiene que ser aprobado por la
Comisión Local de la Vivienda, cuya principal función es
acordar y aprobar los distintos criterios y cupos de
adjudicación, cosa que ya hizo hace meses. De hecho, en
ninguna de las últimas promociones entregadas (las 225 y las
170 viviendas ambas en Loma Colmenar) el listado de
adjudicatarios fue aprobado ni por la Comisión Local de la
Vivienda ni por el Consejo de Administración.
El procedimiento es sencillo: la Comisión Local de la
Vivienda acuerda los cupos de adjudicación, los técnicos de
Emvicesa seleccionan a los adjudicatarios de acuerdo con los
criterios legales establecidos y aprobados en la citada
Comisión, se firman los contratos y se entregan las
viviendas, pudiendo entonces la Comisión, y no antes,
impugnar las adjudicaciones que estimara conveniente. A no
ser que la Comisión Local de la Vivienda, formada por
políticos, tanto del Gobierno como de la oposición, pretenda
modificar el listado confeccionado por los técnicos de la
empresa municipal. Algo que sería muy dificil de explicar.
Seguramente sin quererlo, Susana Román emuló ayer a Jack
Nicholson en la película ‘Algunos hombres buenos’, cuando
afirmó que el listado “para nosotros no existe”, asegurando
a continuación que ella dio la orden “de no llamar a nadie”.
Lástima que en la rueda de prensa nadie quisiera desempeñar
el papel de Tom Cruise, e interrogara a la consejera para
que explicara como, si el listado no existía, dio la orden
de no llamar a nadie. ¿A quién iban a llamar entonces?.
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OPINIÓN / EDITORIAL
