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El Gobierno de Rajoy ha rechazado este jueves la
recomendación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de
revisar la legalización de las devoluciones en caliente, tal
y como le propuso tras el Examen Periódico Universal sobre
la materia al que se sometió España en enero. El Ejecutivo,
que difundió en la tarde de ayer qué sugerencias ha
aceptado, se ha negado a reconsiderar la enmienda incluida
en la Ley de Seguridad Ciudadana que dará cobertura legal a
esta práctica en las vallas de Ceuta y Melilla. “Han
asegurado que garantizarán los derechos de los solicitantes
de asilo, pero se han negado a derogar la disposición”,
denuncia Rights International Spain (RIS).
El Ejecutivo mantiene así una iniciativa que ya recibió
amplias críticas durante el Examen Periódico. Suecia afirmó
que “parece que se quieren legalizar las expulsiones
sumarias de los inmigrantes que intentan cruzar desde
Marruecos”. Noruega preguntó al Gobierno sobre “la
compatibilidad entre la nueva Ley y el principio de no
devolución, el Derecho internacional y la actual legislación
de la UE”. Y Austria, posteriormente, dio un paso más allá y
recomendó a España por escrito “revisar las prácticas
actuales de deportación en Ceuta y Melilla, así como la
modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana”.
Ante tales acusaciones, el propio Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez, tuvo que abordar
entonces la cuestión. El representante español aseguró que
la normativa —que en aquel momento se encontraba en trámites
parlamentarios— estaría “en consonancia con las obligaciones
en materia de protección internacional”. De hecho, en ese
sentido, el Gobierno sí ha aceptado dos recomendaciones de
Canadá y la República Checa: “asegurar que el marco legal
cumple con las obligaciones internacionales de derechos
humanos” y “están en conformidad con el principio de no
devolución y la prohibición de los tratos inhumanos o
degradantes”.
España ha rechazado recomendaciones muy importantes sin
justificar debidamente el motivo
Rights International Spain
Pero todas estas propuestas no han implicado que el
Ejecutivo se saliera de la hoja de ruta marcada por Interior
a principios de 2015. El equipo de Rajoy considera que Ceuta
y Melilla presentan unas “singularidades” que hacen viable
jurídicamente este “rechazo en frontera”. Un criterio
cuestionado por parte de la comunidad internacional y que se
opone al manifestado por diferentes ONG, el Defensor del
Pueblo, un nutrido grupo de juristas y el Consejo de Europa.
“Las devoluciones en caliente son el inicio del fin de la
política de asilo”, afirmó Nils Muiznieks, comisario de
Derechos Humanos, en una entrevista en EL PAÍS.
Según el escrito difundido este jueves, España ha aceptado,
total o parcialmente, 174 de las 189 recomendaciones
planteadas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Entre otras, el Gobierno de Rajoy considerará “revisar y
modificar” las medidas que “puedan obstaculizar el acceso de
los migrantes a derechos básicos como la salud, la educación
y la vivienda”; impulsará nuevas iniciativas para combatir
la discriminación racial, étnica y religiosa; y ha aceptado
“revisar” la detención incomunicada, para asegurar que toda
persona detenida tenga acceso a un abogado de su elección.
“España ha aceptado muchas recomendaciones de los Estados.
Pero también ha rechazado otras importantísimas; sin que
haya justificado debidamente el motivo”, ha concluido RIS.
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