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Desesperados. Así se encuentran Lidia y Karim después de
haber recibido la notificación de desahucio en la que le dan
hasta el próximo 16 de julio para abandonar la casa que
ocupa desde hace ocho años. Se trata de una vivienda de
protección oficial, en la calle Argentina, perteneciente a
Emvicesa cuyo primer adjudicatario ya falleció y que, según
cuenta Karim, nunca había pagado un recibo. Él y su mujer,
que entonces tenían un hijo, movidos por la desesperación se
metieron en la vivienda como ocupas al saber que estaba
deshabitada.
La casa no tenía luz ni agua y estaba en unas condiciones
pésimas, según explica. Por ello, acudieron a Emvicesa a
comunicar su situación y pedir permiso para dar de alta los
suministros de luz y agua. La empresa municipal de la
vivienda, varios meses después, se lo otorgó y, desde
entonces, esta familia ha pagado los recibos de ambos
servicios, además de la comunidad del edificio y el
catastro.
Karim también explica que ha intentado hacerse cargo de la
hipoteca de la vivienda, fijada en 98 euros para el anterior
propietario, pero le ha sido imposible porque se lo han
negado. Además, este hombre señala que se han ofrecido a
pagar un alquiler. “Nunca nos hemos negado a pagar, pero no
nos han dado la oportunidad”, afirma a EL PUEBLO.
Dos juicios
Ahora, ocho años después y con tres hijos más, la pequeña de
cuatro años, Emvicesa les ha denunciado para que desalojen
la casa y no lo entienden. El matrimonio sabe que entró como
ocupas, pero después de haberse hecho cargo de la vivienda
mientras la empresa municipal tenía conocimiento de ello,
esperaban que les permitieran convertirse en adjudicatarios
o, al menos, pagar un alquiler para poder tener una casa
digna para sus hijos. Sin embargo, se ha enfrentado a dos
juicios y como sentencia se ha encontrado con un desalojo
forzoso.
Sin trabajo
Si finalmente se ven en la calle, este hombre no sabe qué
hacer. La desesperación acude a su mirada y no puede
aguantar las lágrimas cuando habla del próximo 16 de junio.
“Le he dicho a mis hijos que venderemos el piso, no les
puedo decir que nos van a desahuciar”, cuenta este hombre.
Él y su mujer ingresan al mes 800 euros por las ayudas de
desempleo que reciben. Un sueldo que, manifiesta, no les da
para conseguir un alquiler y pedir la ayuda que sí ofrece la
ciudad. Pero hasta ahora han estado haciendo frente a los
suministros de su vivienda y aseguran que podrán pagar un
alquiler social si les permiten estar en esa vivienda que,
recuerda Karim, no tiene propietario.
Hasta ahora, han intentado hablar varias veces con el
gerente de Emvicesa, pero explican que no les ha recibido.
Además, tras recoger la orden de desahucio, han pedido cita
con la responsable de Asuntos Sociales, pero Rabea Mohamed
no les puede atender hasta dentro de mes y medio. Para
entonces será tarde y así lo traslada el matrimonio, que ve
el futuro de sus hijos negro mientras se sienten impotente.
En varias ocasiones han pedido a la empresa de la vivienda
que les permitieran pagar un alquiler, pero esos papeles,
lamentan, han quedado olvidados en un cajón. Ahora, esperan
que sus hijos no sean también olvidados.
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tribunales
