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El CEN del Sector de Enseñanza de
CSI-F se ha reunido esta semana para analizar el estado de
la educación pública española y las condiciones laborales y
profesionales del profesorado.
La educación pública española ha
retrocedido los últimos años como consecuencia de los
enormes recortes producidos en apartados fundamentales. Los
Presupuestos Generales del Estado se han reducido en
educación los últimos cuatro años en más de siete mil
quinientos millones de euros.
El MECD ha recortado 920 millones
(-29’66%), mientras que las comunidades autónomas lo han
hecho en 5.500 millones (un -12’97%). La partida de
educación compensatoria se ha reducido un 92% y la formación
permanente del profesorado, un 14%.
Los centros públicos han perdido
más de 32.000 profesores, al tiempo que han aumentado
350.000 alumnos.
Los salarios del profesorado se
han reducido considerablemente, los maestros han perdido más
de 11.000€, y los profesores de Secundaria han perdido más
de 17.000€. La pérdida de poder adquisitivo supera el 30%.
Además se ha producido un tremendo
empeoramiento de las condiciones laborales y profesionales,
aumentando la jornada laboral, el número de alumnos por aula
y las responsabilidades.
Asimismo ha aumentado la
inestabilidad laboral (% interinos) como consecuencia de la
limitación en las ofertas de empleo público y de los
contratos parciales y por horas.
Por todo lo anterior, el Comité
Ejecutivo del Sector Nacional de Enseñanza exige al Ministro
de Educación la inmediata constitución de la Mesa de
Negociación de Educación y el establecimiento de un
calendario de recuperación de todo lo arrebatado estos años.
Por este motivo CSI-F ha
instado al ministro a reducir a 18 horas la jornada laboral
de Secundaria, reducir el número de alumnos por aula,
mantener las retribuciones ante bajas por enfermedad,
reducir las tareas burocráticas que desarrollan los
profesores, recuperar las plantillas de profesores con
importantes y suficientes ofertas de empleo, recuperar el
salario del profesorado y establecer una cláusula de
revisión salarial, elaborar un Plan Integral de Mejora de la
vida académica y educativa, y convocar escrupulosamente el
Observatorio Estatal por la Convivencia.
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