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Cuando a finales del año pasado el Ministerio del Interior
anunció que abriría unas oficinas para pedir asilo en las
fronteras de Melilla y Ceuta, muchos aplaudieron la medida
pero algunos con reservas, ante la duda de cómo podrían
acceder a ellas los subsaharianos a los que no se permite
siquiera llegar al perímetro fronterizo por el férreo
despliegue de seguridad que España y Marruecos realizan a
ambos lados de la valla.
Tres meses después de su inauguración, los datos hablan por
sí solos. De las 2.200 peticiones de asilo que ha tramitado
la oficina desde su apertura en marzo, 3.600 desde que
empezaron a tramitarse en la misma frontera en septiembre
del año pasado, ninguna es de inmigrantes de origen
subsahariano. Diferentes ONG e incluso partidos políticos de
la oposición han mostrado su preocupación al respecto, pero
una asociación sin ánimo de lucro, el Comité René Cassin, ha
ido más allá denunciando lo que considera una discriminación
directa por parte de España ante el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de las
Naciones Unidas.
Uno de los abogados que forman parte del Comité René Cassin,
el onubense Alberto J. Revuelta Lucerga, ha presentado ante
el CERD una comunicación “en contra del Reino de España”. En
concreto, acusa al Estado de “violar el derecho a la no
discriminación por motivos de raza” e incumplir las
obligaciones establecidas en la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
Racial, ratificada en la Asamblea General de la ONU en
diciembre de 1965, y en vigor desde cuatro años más tarde.
Este letrado señala directamente a los funcionarios del
Ministerio del Interior por “intentar paralizar la entrada”
de los “colectivos de ciudadanos subsaharianos” en sus
saltos a la valla de Ceuta y Melilla. De ello también acusa
a las fuerzas del orden de Marruecos, pero este escrito ante
la ONU no va en contra del país vecino, sino de España
porque según este abogado del Comité René Cassin, otorgan un
trato diferenciado a los inmigrantes en función de sus
rasgos físicos.
Trato desigual en función del color de piel
Más concretamente, el informe presentado ante el CERD
asegura que el Gobierno español “incurre en una
discriminación directa” ofreciendo un “trato desigual” a los
inmigrantes que quieren ejercer a su derecho al asilo,
distinguiendo por “aspectos de raza, origen y color de
piel”.
Y para demostrarlo, el abogado Revuelta Lucerga cuenta con
el testimonio de un joven inmigrante de Malí, Abdoulaye Mara,
que con 22 años recién cumplidos intentó saltar la valla de
Melilla el pasado 11 de marzo. Fue uno de los subsaharianos
que formaban parte de un grupo de 100 que trató de llegar a
España como tantos otros, a través del perímetro fronterizo
de Melilla, después de estar viviendo algunos meses en los
campamentos del monte Gurugú. Su deseo se quedó en mero
intento porque no logró superar todos los obstáculos, pero
durante las horas que permaneció encaramado en la zona alta
de la valla, gritó de forma reiterada “a los oficiales” que
quería pedir asilo. Lo mismo siguió haciendo tras bajar “y
pisar territorio español”, pero “a pesar de su expresa
petición, es detenido y maniatado por agentes de la Guardia
Civil, que lo conducen inmediatamente hacia una puerta que
sirve de paso hacia territorio marroquí”.
“Abdoulaye es devuelto de forma inmediata, sin trámite,
procedimiento ni asistencia de ningún tipo”, continúa
denunciando su abogado, que contrapone esta situación a la
que tienen otros inmigrantes, “en especial los sirios, a
quienes les es permitida la entrada sin restricción alguna a
través de los puestos fronterizos”. Según asegura, son medio
centenar de sirios los que entran cada día con su pasaporte
para pedir asilo, mientras a su representado, maliense, se
le dio “un trato excluyente, diferencial e injustificado,
encaminado a impedir el goce de su derecho de asilo en
igualdad de condiciones”.
Saltar la valla como alternativa
La “única alternativa” que le queda al colectivo de
subsaharianos “es la entrada ilegal a Europa”, ya sea
saltando la valla, en patera o cruzando el Estrecho. Una
realidad que a juicio del Comité René Cassin, desmiente las
declaraciones del ministro del Interior, Jorge Fernández
Díaz, cuando dijo que tras la apertura de estas oficinas,
“quedará muy claro” que aquellos que intenten entrar
ilegalmente a España “no son personas que en principio
tengan derecho a esa petición de protección internacional”
por tener a su disposición dichas infraestructuras en los
pasos fronterizos.
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polémica
