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El último informe de ‘Las personas refugiadas en España y
Europa’ presentado por la Comisión Española de Ayuda al
Refugiado (CEAR) deja en evidencia la utilidad de las
oficinas de asilo que hace unos meses inauguraba el ministro
del Interior en las fronteras de Ceuta y Melilla.
En dicho informe, CEAR resalta que muchas personas
necesitadas de protección internacional, principalmente de
origen subsahariano, han quedado atrapadas en Marruecos sin
poder acceder a estos puestos fronterizos.
A este respecto se resalta en el informe que para llegar a
los citados puestos por vía terrestre desde Marruecos, es
necesario superar un control previo de la gendarmería
marroquí, un paso que según CEAR es prácticamente imposible
para los ciudadanos subsaharianos, que “deben permanecer en
un país que no garantiza una adecuada protección y que viola
sistemáticamente sus derechos humanos”.
En consecuencia, tal y como denuncia CEAR, muchas de estas
personas “se ven obligadas a acceder a Ceuta y Melilla
saltando la valla o por vías no seguras que ponen en grave
peligro sus vidas”.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado también recuerda
que el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa
también manifestó en su visita de enero de 2015 su
preocupación por la situación de las personas de origen
subsahariano y al mismo tiempo instó a las autoridades
españolas a que incrementasen los recursos materiales y
humanos de las oficinas, garantizando un número apropiado de
policías con formación adecuada, abogados e intérpretes.
En este sentido, CEAR considera que la oficina de asilo de
Ceuta no está en funcionamiento porque hasta la fecha, desde
su creación, no ha recibido ninguna petición de asilo, por
lo que considera que esta no está efectuando la labor que
debería.
En el caso de Ceuta, el aumento del número de personas que
solicitaron asilo en 2014, de 321 en 2013 a 392, no deja de
ser engañoso, porque volvió a producirse la renuncia al
procedimiento de protección internacional de muchas
personas. No hay datos oficiales al respecto, aunque CEAR
sabe que abundan los casos de personas originarias de zonas
en conflicto (como Malí, República Democrática del Congo o
Somalia) y cabe destacar que muchas de estas decisiones se
producen antes incluso de formalizar la petición de
protección internacional al conocer qué les espera. En
cambio, en el caso de las personas originarias de Siria, que
a principios de 2014 renunciaban a sus solicitudes o ni
siquiera las formalizaban, a mediados de año empezaron en su
gran mayoría a solicitar protección internacional después de
una campaña de información y orientación de CEAR.
Otra de las situaciones denunciadas por la CEAR es la
situación en la que se encuentran los dos Centro de Estancia
Temporal de Inmigrantes (CETI), poniendo de manifiesto la
situación de hacinamiento ya que la capacidad es de 512
plazas en Ceuta y 480 en Melilla. Sin embargo, en 2014 su
ocupación media mensual fue de 631 personas en Ceuta y de
1.385 en Melilla.
La CEAR asegura que la falta de recursos materiales y
humanos impide que puedan prestarse servicios a los
solicitantes de asilo en las condiciones que la ley
garantiza, como, por ejemplo, respetar la unidad familiar,
la intimidad de los residentes o el acceso a los servicios
más elementales, como el agua caliente en las duchas.
Por último, en el informe también se resalta que en los
últimos cinco años, apenas se habían producido traslados de
solicitantes a territorio peninsular antes de que la CIAR se
pronunciara sobre sus solicitudes. CEAR valora positivamente
la decisión de la Administración de trasladar a las personas
solicitantes de Siria, pero defiende que esta medida se
amplíe al resto de nacionalidades para corregir una
situación que realmente disuade de solicitar asilo a muchas
personas necesitadas de protección internacional y supone
una flagrante vulneración del artículo 19 de la Constitución
y de la Ley de Asilo.
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